La Generalitat dice que convocará la consulta aunque el TC suspenda la ley

Decididos al choque frontal y sin paliativos. La Generalitat de Cataluña está dispuesta a no hacer caso al Tribunal Constitucional (TC) y llevará adelante la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre, anunciado por el presidente autonómico, Carles Puigdemont, aunque el alto Tribunal declare ilegal la norma que el Parlamento de Cataluña tiene previsto aprobar en los próximos días.

La Ley del Referéndum de Autodeterminación, ya registrada en la cámara parlamentaria regional, se aprobará gracias a la mayoría de JpS y la CUP y sobre ella Puigdemont tiene previsto firmar el decreto ejecutivo de convocatoria del 1-O . No importa que, antes o después de la firma del presidente de la Generalitat, el TC declare ilegal la norma autonómica. El independentismo institucional tiene la intención de no hacer caso a la sentencia del intérprete de la Constitución, si llega la misma.

Desde hace semanas lo vienen advirtiendo, pero ayer lo dejó claro Josep Rull, consejero de Territorio y Sostenibilidad, en declaraciones a Rac1: el gobierno autonómico, aunque el TC suspenda la ley de referéndum, le dará «plena vigencia» y se apoyará en ella para convocar el 1-O.

«Habrá que obedecer una ley emanada de un parlamento legítimo y democrático», en lugar de a una sentencia de un tribunal, indicó Rull. Además, el consejero autonómico defendió esta tesis en base a «dos principios de derecho internacional», como «el principio democrático y el derecho de excepción».

Según Rull, «cuando tú has probado de buena fe, de todas las maneras posibles de acuerdo con el derecho interno español, poder acordar las urnas, estás legitimado para poner estas urnas de acuerdo con una ley propia», aunque no concretó en qué legislación internacional se basa para sostener esta tesis, ni qué «derecho internacional» permite que se ignoren las sentencias del Tribunal Constitucional.

En cualquier caso, Rull se mostró seguro de que la Generalitat cumplirá su «compromiso de poder votar el 1 de octubre» , pese a que «el Gobierno del PP se ha negado sistemáticamente» a pactar un referéndum de secesión de Cataluña como los celebrados en Escocia (Reino Unido) y Quebec (Canadá), que se hicieron bajo los paraguas de las legislaciones nacionales.