La Generalitat aprueba una nueva ley antidesahucios para burlar al TC

El gobierno de la Generalitat aprobó ayer un anteproyecto de ley para sustituir los artículos suspendidos por el TC de la ley de emergencia habitacional que prevé expropiar pisos vacíos, sólo temporalmente, a los bancos y negociar la paralización de los desahucios de familias en situación de pobreza. La consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, dio a conocer parte de este anteproyecto de ley de protección a la vivienda para personas en situación de exclusión social, que el Govern enviará este mismo mes de octubre al Parlament para que sea aprobado.

Borràs aseguró que ésta es «una respuesta de país a la suspensión de los artículos de la ley 24/2015 de emergencia social suspendidos por el Tribunal Constitucional». «La hemos hecho en un tiempo récord porque no queremos que los ciudadanos se vean sometidos a una falta de ley por falta de sensibilidad del gobierno central», dijo Borràs, que señaló que el nuevo texto es «sólido y riguroso y difícil de ser recurrido».

El redactado de la nueva ley ha contado con la colaboración del Consejo de la Abogacía de Cataluña, de las entidades municipalistas y de los impulsores de la ILP de vivienda y pobreza energética. «Esta nueva ley propone medidas que permiten hacer lo mismo que nos ha suspendido el TC, pero hacerlo por otras vías y es un texto sólido jurídicamente, que sólo podrá ser recurrido si se buscan argumentos políticos», aseguró Borràs, informa Efe.

«Función social»

La consejera avanzó que el anteproyecto de ley mantiene «un potente proceso de mediación para evitar los desahucios amparándonos en el Código de Consumo y prevé la creación de entes territoriales que analizarán los casos y elaborarán planes integrales para solucionarlos», informa Efe.

Borràs aseguró que la nueva ley establece también la posibilidad de expropiar las viviendas vacías propiedad de bancos y grandes tenedores «si éstas no cumplen su función social». El nuevo texto sustituye la cesión temporal obligatoria de viviendas que había en la ley suspendida por la expropiación del uso temporal de las viviendas y propone como alternativa al alquiler social obligatorio un sistema de realojamiento de las familias con alquiler social.

Según Borràs, la nueva ley permitirá dar un uso social a los pisos de los bancos en un periodo de entre 4 y 10 años. En el caso de los desahucios, el nuevo texto prevé que los bancos tengan la obligación de realojar a las personas en riesgo de exclusión social por pérdida de vivienda y fija un sistema transitorio para que, por un periodo de tres años ampliables a otros tres, las entidades financieras ofrezcan un alquiler social.