La favorita a ser sede de la Agencia del Medicamento que se hundió por culpa del independentismo

La inestabilidad política en Cataluña pesó más que la idoneidad técnica

DANIEL TERCERO

Entre 1992 y 2017 han pasado veinticinco años, y dos oportunidades para que Barcelona albergara la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). En aquel año olímpico, la Ciudad Condal quedó tras Londres (Reino Unido) en la pugna por hacerse con la EMA. Ahora, todo indica que factores políticos más allá de la idoneidad técnica han hecho imposible que la sede comunitaria se instale definitivamente en España. En esta ocasión la derrota ha sido más dolorosa. Un quinto puesto, muy por detrás de Ámsterdam (Holanda), la elegida, y Milán (Italia), la segunda, y sin pasar el primer corte en la fase deliberativa. El potente sector farmacéutico y unas instalaciones más que aceptables en Barcelona no pudieron contrarrestar el factor político.

Así, la EMA no se convertirá en la séptima sede de la Unión Europea (UE) que se instale en España , ni Barcelona recibirá la segunda (desde 2007 alberga la Fusion for Energy). A partir de ahora será el momento de analizar qué se hizo mal en la preparación de la candidatura o qué hay que mejorar de cara al futuro, ya no para dar cabida a la EMA. Desde luego, tal y como publicó ABC el 11 de noviembre, en el Gobierno eran conscientes de la dificultad de la elección después de que fuentes del sector del medicamento pusieran el grito en el cielo por la presentación que Toni Comín, entonces consejero de Salud de la Generalitat y ahora prófugo en Bruselas (Bélgica), realizó ante los evaluadores en una de las reuniones previas a la cita de ayer. Comín señaló que entre los objetivos de la Generalitat se compatibilizaban «avanzar en la construcción de una república (...) dentro de la UE» y conseguir que la EMA se instale en Barcelona «cuando Cataluña sea independiente».

Unas declaraciones que se produjeron antes de que desde el Parlamento de Cataluña se proclamara ilegalmente la independencia unilateral y, por lo tanto, el Gobierno se viera obligado a intervenir la Generalitat en base al artículo 155 de la Constitución. Inestabilidad y excepcionalidad políticas que los rivales de Barcelona no han dejado pasar para erosionar sus opciones de cara a hacerse con la EMA.

La Barcelona de 2017 dejó escapar una nueva oportunidad. Una sede de la UE con un presupuesto de 340 millones de euros, con unos 900 funcionarios, que es visitada por unas 36.000 personas al año y que arrastra a unas 1.600 empresas.

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