El expolio del Palau tendrá este lunes su sentencia, ocho años después
El controvertido caso, cuya investigación arrancó en 2009, destapó el saqueo de la institución catalana y el desvío de fondos a Convergència
Seis meses y veintiocho días después de que el tribunal diera por concluida una vista oral de 55 sesiones, la sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona dará a conocer, mañana, la sentencia del macrojuicio conocido como caso Palau . La dimensión de este juicio (16 acusados y un desfalco que podría llegar a los 30 millones de euros) traspasa lo estrictamente judicial y alcanza lo político, pues determinará si Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió irregularmente.
Habrán transcurrido trescientos veinte días desde el inicio del juicio y ocho años, cinco meses y veinte días desde que los Mossos d'Esquadra irrumpieran en el Palau de la Música. Aquel 23 de julio de 2009, los agentes de la policía autonómica, bajo orden judicial, registraron una de las instituciones catalanas de mayor prestigio y consideración de Barcelona en busca de pruebas que corroboraran la investigación de la Fiscalía, que apuntaba al desvío de fondos de la fundación del Palau.
Inicialmente, la investigación cifró en algo más de dos millones de euros el dinero desviado irregularmente. Al final de la instrucción, que duró unos cuatro años (65 cajas con 102 volúmenes, un total de 60.784 folios más la documentación de las diferentes piezas separadas de situación), la Fiscalía elevó la cifra a entre los 22 y los 28 millones de euros. Los acusados están en el banquillo por los delitos de malversación, apropiación indebida, falsedad documental, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y delito societario de administración desleal.
«La cañería por la que transitaba el dinero»
El terremoto que supuso ver a los agentes de los Mossos d'Esquadra entrando en el Palau se multiplicó cuando se supo que CDC figuraba, en opinión de la Fiscalía, como beneficiada de la trama creada por Fèlix Millet y Jordi Montull, gestores máximos de la institución y rápidamente saqueadores confesos.
La trama creada por Millet y Montull, en la que habrían participado también Gemma Montull (directora financiera) y Rosa Garicano (directora general), incluiría a los extesoreros de CDC Daniel Osàcar y Carles Torrent (este último fallecido en 2005), quienes habrían sido los encargados de recibir las cantidades de dinero que la empresa Ferrovial donaba al Palau pero destinadas a la formación política, que gracias a que controlaba la Generalitat de Cataluña habría otorgado contratos de obra pública a cambio de las donaciones.
Según la Fiscalía, 6,6 millones de euros salieron del Palau con destino a CDC en menos de diez años . Millet se habría llevado 7 millones de euros y Montull 1,3 millones, durante el mismo periodo de tiempo. La trama investigada era de tal envergadura que la Fiscalía no pudo fiscalizar el destino de 9,6 millones de euros.
El fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, aseguró en su informe final tras la vista oral que el Palau “era la cañería por la que transitaba el dinero” que la constructora Ferrovial, supuestamente, pagaba a CDC a cambio de concesiones de obras públicas.
De la misma manera, afirmó que en la trama del expolio de la institución había un círculo sociopolítico muy determinado con una dinámica complaciente en el que “parece que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera”.
Osàcar, ocho años de prisión
El tribunal de la Audienca de Barcelona que dictará mañana la sentencia lo han integrado la magistrada presidenta de la sección, Montserrat Comas d’Argemir Cendra, y los magistrados José Antonio Lagares Morillo y Julio Hernández Pascual, siendo este último el ponente de la sentencia.
Millet se enfrenta a una petición de pena de catorce años y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía; Montull (padre), a diez años y diez meses de cárcel, y Gemma Montull, a dos. Osàcar, por su parte, que sigue negando las acusaciones, se enfrenta a una petición de pena de prisión de ocho años, después de que el fiscal aumentara su solicitud en medio año.
Debido a este proceso judicial, CDC tiene desde 2015 embargadas sus sedes, en previsión de la sentencia . En este periodo, CDC se ha transformado en el PDECat y hace solo unos días Artur Mas, exlíder de ambos, anunciaba que dejaba la presidencia del PDECat . Su “paso al lado" se entendió, entre otras razones, como una forma de anticipar la sentencia del caso Palau.
