Puigdemont, en el Parlamento de Cataluña, en una de las sesiones del pasado mes de octubre
Puigdemont, en el Parlamento de Cataluña, en una de las sesiones del pasado mes de octubre - INÉS BAUCELLS

SCC denuncia en un informe el intento de «derogar el orden constitucional» por parte de la Generalitat

«Los grupos independentistas idearon un plan (...) por la vía de hecho que tuvo su punto álgido en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017»

BARCELONAActualizado:

Societat Civil Catalana (SCC) ha elaborado un detallado informe titulado «Golpe nacionalista a la democracia» en el que se describe lo sucedido en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de este año en los que, según la entidad, desde el Parlamento autonómico y la Generalitat «se intentó derogar el orden constitucional».

La asociación que preside José Rosiñol denuncia con este documento -que detalla el día a día de los dos meses citados- los hechos vividos políticamente en Cataluña, protagonizados por los dirigentes de los partidos independentistas y los responsables de las instituciones autonómicas catalanas.

En este sentido, el informe resume esta actuación llevada a cabo en septiembre y octubre de este año como la culminación de un intento de establecer una república catalana, al margen del orden constitucional, tras comprobar, las fuerzas políticas secesionistas, que en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 no tenían capacidad suficiente para llevar a cabo cambios estatutarios o constitucionales.

«Vista la imposibilidad de alcanzar mayorías parlamentarias necesarias tanto en el Parlamento de Cataluña como en las Cortes Generales, los grupos independentistas idearon un plan para sortearlas por la vía de hecho que tuvo su punto álgido en la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que ha llevado a Cataluña y a la democracia española a la situación límite (...)», señala la entidad en el documento.

El informe, si bien no aporta datos nuevos sobre los que ya se conocen, compila un relato de dos meses en base a varias vulneraciones de «derechos fundamentales», como el de la libertad ideológica, el relativo a los derechos a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica y el derecho a una educación para la convivencia. Estas vulneraciones, en opinión de la entidad, se han producido «en cuatro escenarios»: el Parlamento de Cataluña, el gobierno autonómico, «la calle» y «los centros de enseñanza».

«Cuatro escenarios»

SCC reitera, en la línea de lo manifestado ya por el Tribunal Constitucional, que las llamadas leyes de desconexión, sobre todo la ley del referéndum de autodeterminación y la ley de transitoriedad jurídica, son normas «manifiestamente inconstitucionales» y que su aprobación parlamentaria se produjo «vulnerando también los derechos de participación política de los diputados regionales».

Tramitación y aprobación normativas que también se realizaron, recuerda el informe, en contra de la opinión fundamentada de los letrados de la cámara autonómica. «Esos días, los nacionalistas optaron expresamente por la vía de hecho, ya que eran plenamente conscientes de la ilegalidad de sus actuaciones», apunta el informe.

En paralelo, el plan de los dirigentes secesionistas contó con la ayuda del gobierno autonómico, que apoyó y respaldó las actuaciones parlamentarias y aplicó sus consecuencias con la mayor celeridad. Objetivo: el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Sobre este punto, SCC señala en el documento que «resulta difícil explicar la sensación de desamparo que sintieron muchos ciudadanos el 1 de octubre al comprobar que no solo el gobierno de la Generalitat, sino también la policía autonómica (al menos parte de la policía autonómica) se sumaba a la insurrección y optaba por no acatar el ordenamiento constitucional ni las órdenes judiciales, apoyando, en cambio a quienes desafiaban al Estado de Derecho».

El documento detalla, a continuación, los hechos denunciables que se produjeron a partir del 1 de octubre. Antes, la entidad pone en duda la cifra de los mil heridos que se apunta desde la Generalitat por las cargas policiales aquel día, que reduce a cuatro hospitalizados, si bien señala que toda duda debe quedar despejada judicialmente.

Así, «los días que siguieron al 1 de octubre confirmaron el carácter intimidatorio y profundamente antidemocrático del golpe que se estaba produciendo», acción que se trasladó a la calle de manera coordinada, en opinión de SCC, teniendo como día de máxima efervescencia el 3 de octubre cuando se celebró el «paro de país» al que se sumó incluso la Generalitat: «De esta forma, hubo trabajadores que no tuvieron la oportunidad de decidir si seguían o no el mencionado paro, ya que sus centros de trabajo procedieron al cierre». Ese día se cortaron carreteras y rodearon sedes de partidos políticos y cuarteles de la policía.

Finalmente, el plan culminó con la declaración unilateral de independencia, que fue «una nueva desobediencia». Las instituciones autonómicas, en manos de los partidos secesionistas, optaron «por actuar por la vía de hecho, al margen de la ley, y con el propósito de imponer un ordenamiento jurídico diferente del que se deriva de la Constitución».

«Instrumentalización política de la escuela»

En el informe «Golpe nacionalista a la democracia» se dedica un espacio concreto a la «instrumentalización política de la escuela en torno al referendo ilegal», recordando el «perfil nacionalista de gran parte del profesorado»; el grado tendencioso de las asociaciones de padres, «también en la órbita secesionista»; y con «evidencias del adoctrinamiento en el ámbito escolar» (carteles, ejercicios para niños, dibujos, pancartas...).

Este documento de la entidad cívica, que en los últimos años ha organizado las mayores manifestaciones en defensa de la legalidad constitucional y la unidad de España en Cataluña, es el tercer informe que publica sobre lo que considera «déficits democráticos» que se dan hoy en día en Cataluña, y este martes lo ha presentado en el Parlamento Europeo.

Para SCC, según señala en el epílogo de este tercer informe, «en el contexto descrito, el victimismo que siempre ha caracterizado al nacionalismo catalán se traduce ahora en presentar al Estado español como opresor (por haber suspendido la autonomía de Cataluña) y a los encarcelados como ¡presos políticos!».