Amenazas contra el juez que investiga el 1-O

Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, a cargo de la investigación del referéndum del 1 de octubre, se ha visto obligado a dejar una vivienda que usaba como segunda residencia en Port de la Selva, un pueblo de la Costa Brava, después de las pintadas amenazantes aparecidas en la localidad. Sin más explicaciones, la propiedad del inmueble decidió no renovarle el contrato, según explicaron fuentes de Fiscalía a ABC.

Las amenazas a Sunyer se suman al incidente, este sí denunciado, por la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi , a quien unos desconocidos le estropearon la calefacción y un cable de televisión en su segunda residencia en el Pirineo. No se produjo ningún robo. Este hecho se hizo público después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, denunciase el clima de amenazas e intimidación con el que ejercen sus funciones en Cataluña jueces y fiscales.

Tanto Magaldi, que denunció las amenazas que sufrió tras salir de una de las sesiones del juicio por el 9-N en Barcelona, como Ramírez Sunyer se han convertido en Cataluña en las cabezas visibles de la actuación judicial contra el soberanismo.

Ramírez Sunyer, de manera particular, en tanto que responsablee de la investigación que desembocó en los registros del 20 de septiembre -cuyo intento de entorpecer llevó a los líderes de Òmnium y la ANC a prisión preventiva-, así como otras indagaciones, como la pitada del himno nacional durante la final de la Copa del Rey de 2015 entre el Barça y el Athletic de Bilbao.