Cataluña - Economía

Condenan a casi 6 años de cárcel al expresidente de la Patronal del Metal por saquearla

La Audiencia de Barcelona condena también a Antoni Marsal a pagar 382.400 euros de multa y a indemnizar a la Unión Patronal Metalúrgica con 745.045 euros

Antoni Marsal, e una imagen de archivo
Antoni Marsal, e una imagen de archivo - YOLANDA CARDO

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco años y diez meses de cárcel al presidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) entre entre 2006 y 2012, Antoni Marsal por adueñarse de fondos de la entidad, parte de ellos subvenciones públicas para formación, entre los años 2007 y 2012.

En su sentencia, la sección sexta de la Audiencia de Barcelona condena también a Marsal a pagar 382.400 euros de multa y a indemnizar a la UPM con 745.045 euros, además de prohibirle optar a subvenciones públicas y a incentivos o beneficios fiscales por un período de seis años. Marsal es considerado culpable de undelito de falsedad documental en concurso con dos de fraude de subvenciones y de otro continuado de apropiación indebida.

Para el ex director general de la UPM, Ángel Hermosilla, también se le piden siete meses de prisión y 2.100 euros de multa como inductor de un delito de falsedad documental por proponer que, a través de la esposa de Marsal, se le pagaran 20.000 euros de remuneración extra con facturas falsas, y le absuelve del resto de delitos al "no estar suficientemente probado que conociera y colaborara en la actuación fraudulenta" del expresidente de la UPM.

Según Efe, el Tribunal absuelve del delito a la esposa de Marsal, Margarita Sánchez, al exasesor de la entidad Angel Blesa y a las exresponsables de Formación y Administración de la UPM, ya que para la sala "se limitaron a ejecutar las órdenes que recibían, sin capacidad alguna, como empleadas que eran, de oponerse a las instrucciones de sus jefes".

Marsal se adueñó de parte de ayudas públicas y subvenciones otorgadas por la Generalitat para formaciones sectoriales del metal, destinadas prioritariamente a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE). Por lo que el Tribunal sostiene que fue un "engaño para todas las instituciones", ya que "se ha utilizado un sistema público de ayudas para enriquecerse personalmente, lo que lesiona, además del patrimonio público, la eficacia y buen funcionamiento de las instituciones". Y añade en la sentencia que agrava la pena a Marsal teniendo en cuenta "el uso abusivo que realizó del cargo por el que había sido designado y del que se prevalió para conseguir sus fines".

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