La Generalitat, condenada a pagar 5.350 euros por no controlar a un violador reincidente
Las autoridades catalanas colocaron una pulsera con localización al violador por su peligrosidad, pero se quedó sin pilas y este pudo delinquir de nuevo
La Audiencia de Barcelona ha condenado a ocho años de prisión a Jaime Riera por agredir sexualmente a un menor de 10 años cuando llevaba una pulsera con localización GPS, que se encontraba sin batería, y cuyo control dependía de la Generalitat, que ahora deberá indemnizar al menor con 5.350 euros .
En la sentencia, la sección décima de la Audiencia de Barcelona ha condenado a la Generalitat como responsable civil subsidiaria a indemnizar a la familia del menor con 350 euros por las lesiones sufridas y con 5.000 euros por el daño moral causado.
La Generalitat colocó una pulsera con localización a Riera por su peligrosidad, ya que había sido condenado nueve veces por cometer delitos sexuales y, pese a ello, hubo más de quince días en los que el aparato no tenía cobertura y no emitía señales de localización. Según el fallo judicial, ante esta situación, «ningún funcionario, persona u organismo» de los Servicios Penitenciarios emitió ningún informe ni acordó «lo pertinente» para resolver la ausencia de control.
El tribunal concluye que carece de «lógica y racionalidad» que se encomiende al propio penado la función de tener la batería de la pulsera de localización siempre cargada, «pero carece todavía de menos lógica y racionalidad no prever que si aquél lo incumple, el organismo no adopte el mismo día los mecanismos necesarios para poder restablecer la conexión».
Según fuentes cercanas a la conselleria de Justicia consultadas por Efe, este dispositivo de localización no es una medida habitual, ya que tan solo dos personas han llevado una pulsera de estas características, una de ellas el propio Riera.
