Colau y Agbar, tensión al alza con la municipalización de fondo
El Ayuntamiento acusa a la compañía de difamarle para defender el monopolio
Polémica creciente entre el Ayuntamiento de Barcelona y Aguas de Barcelona (Agbar) con el trasfondo de una hipotética municipalización de la gestión del agua. El gobierno liderado por Ada Colau, que ha defendido en varias ocasiones la creación de un operador energético municipal, cargó ayer contra la compañía al considerar que hace «juego sucio» y que está llevando a cabo una «campaña de difamación» contra el consistorio, todo ello para defender su monopolio del servicio.
La teniente de alcalde de Derechos Sociales del Ayuntamiento, Laia Ortiz, denunció ayer en una comparecencia que Agbar ha mandado una carta a 7.000 usuarios vulnerables que quiere «confundir y engañar». Según el consistorio, la misiva anuncia a los clientes que deben al consistorio la tasa de alcantarillado, a pesar de que la empresa sabe que la tienen condonada. «Queremos que Agbar aclare esto cuanto antes, y sobre todo que tranquilice a la gente», reclamó.
Además de instar a las personas que han recibido la carta que acudan a los Puntos de Asesoramiento Energético municipales (PAE), Ortiz anunció que ha hecho llegar un requerimiento a Agbar para pedirle una rectificación y que cumpla con el convenio de colaboración en materia de pobreza energética que firmaron el pasado diciembre.
En caso contrario, el Ayuntamiento de Barcelona advierte de que entenderá que se han incumplido los compromisos y las obligaciones asumidas y abre la puerta a dar por extinguido el convenio y a ejercer la pertinente reclamación por los daños y perjuicios que la compañía haya podido ocasionar a la administración pública con su actuación unilateral.
En un comunicado, el Ayuntamiento de Barcelona apunta que «la utilización de las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión para fines políticos es una práctica inadmisible y una línea roja que no se debería cruzar, más aún si proviene de una empresa del ámbito privado con beneficios anuales millonarios».
Deuda perdonada
Aguas de Barcelona declinó responder las acusaciones y s e remitió a lo contemplado en la ordenanza fiscal en vigor sobre la tasa de alcantarillado, según la cual quedan exentos de pago los titulares afectados por la Ley sobre pobreza energética 24/2015 o en situación de vulnerabilidad «apreciada por los servicios municipales». Desde la compañía se puntualiza que la empresa ya ha perdonado la deuda a las familias consideradas en situación de vulnerabilidad según dicho convenio, y que allí se especifica que es el Ayuntamiento, y no la empresa, quien debe condonar los impuestos.
Además, fuentes jurídicas consultadas por Efe destacan que en la ordenanza municipal no aparece ninguna referencia a la retroactividad en la exención de esta tasa, pero que, en todo caso, cualquier condonación requeriría una acuerdo al margen de la ordenanza, que debería adoptarse en el marco de plenario municipal.
