Un operario de limpieza, en el barrio del Born de Barcelona
Un operario de limpieza, en el barrio del Born de Barcelona - ORIOL CAMPUZANO
FRAUDE

Barcelona calcula que FCC defraudó 3,3 millones con irregularidades en la recogida de limpieza

El Ayuntamiento esperar abrir un expediente sancionador a la empresa, que podría comportar la rescisión del contrato

BARCELONA Actualizado: Guardar
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El Ayuntamiento de Barcelona calcula que FCC habría defraudado presuntamente 3,3 millones de euros por incumplimiento del contrato de limpieza y recogida de residuos de la ciudad. Así lo han explicado esta mañana la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, y el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación, Jaume Asens.

El consistorio ha explicado hoy las conclusiones del expediente que abrió en noviembre para esclarecer si FCC había facturado servicios no realizados e incumplido con las cláusulas contractuales. Ahora, con el expediente ya cerrado, ha dado por acreditadas las irregularidades sobre las que se sospechaba y ha anunciado que reclama a FCC los 3,3 millones de euros.

Entre otros aspectos, se ha corroborado que FCC alteró el precio del contrato porque certificó 6.130 servicios no prestados o prestados con menos trabajadores de los contratados entre septiembre de 2013 y diciembre de 2015.

El Ayuntamiento detectó en un principio que la compañía facturaba el trabajo de 8 o 9 operarios extras al día. Tamién se destapó que se manipuló la recogida de plásticos y de residuos voluminosos para conseguir beneficios económicos.

El Ayuntamiento, que ya había remitido a la Fiscalía la información recabada hasta ahora, ha enviado ahora las conclusiones al ministerio público, que está investigando si hay delito en estos hechos. De ser así, como ha recordado Asens, podría llegar a inhabilitarse la empresa para contratos con las administraciones.

Paralelamente, tras haber dado cuenta de los resultados del expediente esta mañana en la Junta de Portavoces, el gobierno liderado por Ada Colau llevará ahora al pleno municipal de este viernes la votación de la apertura de un expediente sancionador. De aprobarse, se abrirá y en un máximo de tres meses tendrá que determinarse la responsabilidad contractual de la compañía.

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