El poder discrecional de presidir el Parlament

Ni es una figura decorativa ni la neutralidad se le supone. Cuando a Carme Forcadell , filóloga de profesión sin ninguna experiencia jurídica, la colocaron de presidenta del Parlament en la pasada legislatura, muchos ya denunciaron lo que se anticipaba como una presidencia de parte .

Soldado del independentismo, en el breve periodo que ejerció cumplió con creces el encargo encomendad, y llegadas las sesiones decisivas del 6 y 7 de septiembre (aprobación de la ley del Referéndum y de Transitoriedad) y del 27 de octubre (proclamación de la «República catalana» ), demostró que para arrasar con cualquier atisbo de neutralidad se debe contar con alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio. Retorció el reglamento , ignoró las recomendaciones de los letrados de la cámara y pisoteó los derechos de la oposición. La pusieron para eso, y cumplió con creces. Será juzgada por ello.

El precedente de Forcadell explica la razón de la importancia que otorgan los grupos a la elección del presidente de la cámara, y la pretensión -asumiendo de que se trata de una aspiración imposible ante la mayoría independentista- de Cs de reclamar ese cargo como partido más votado.

Sobre el papel, el reglamento delimita con claridad las capacidades del presidente: «Ostenta la representación de la cámara; establece y mantiene el orden de las discusiones y dirige los debates con imparcialidad y atento al respeto debido al Parlamento; cumple y hace cumplir el Reglamento , y ejerce todas las demás funciones que le confieren el Estatuto de autonomía de Cataluña, las leyes y el presente reglamento».

No obstante, y como se vio durante las sesiones negras del 6 y 7 de septiembre, el margen de discrecionalidad es muy elevado , en tanto que se reserva a la presidencia la última palabra en la interpretación del reglamento.

Como explicaba a ABC el «candidato» que presentaría Cs a la presidencia de la cámara, José María Espejo Saavedra , en el «día a día» se adoptan muchas decisiones por unanimidad por ser cuestiones de «trámite ordinario». Por contra, durante los plenos, como en la pasada legislatura, la presidencia autorizó debates y votaciones en contra del Consejo de Garantías Estatutarias y el criterio de la secretaría y los letrados. Pisoteando lo que hiciese falta. Forcadell, al menos, ha dicho que no quiere repetir.