Cataluña

Pañales y duchas racionadas en los geriátricos catalanes

La falta de recursos y la adjudicación de la gestión de muchos de estos centros a empresas con ánimo de lucro precariza la asistencia a los ancianos

Un anciano en la puerta de la residencia Fort Pienc de Barcelona
Un anciano en la puerta de la residencia Fort Pienc de Barcelona - PEP DALMAU
ESTHER ARMORA Barcelona - Actualizado: Guardado en: Cataluña

Maite Beigoetxea ha trabajado durante años en una residencia de ancianos. Quizás por ello, sabe que tras el estado de dejadez en el que encuentra a su suegra cuando va a visitarla al geriátrico, subyace un problema profundo en el sector. «Estas uñas no se las han cortado desde hace meses», apunta la gerontóloga, que perdió su empleo en una residencia de Barcelona cuando una empresa con ánimo de lucro tomó la gestión y reestructuró plantillas.

La ex empleada considera que en las residencias de ancianos catalanas se traspasó hace tiempo la línea roja. Ella y otras compañeras del sector, que trabajan en algunos de estos centros de titularidad pública y privada, denuncian en declaraciones a ABC la «precariedad» en la que se ven obligadas a ejercer su profesión. Atribuyen la situación a tres causas: la crisis económica, que ha provocado recortes «importantes» en material asistencial y medicación; la llegada a las residencias de ancianos cada vez más dependientes, y, por último, la adjudicación, por parte de la Administración (Generalitat, Ayuntamiento y Diputación) de la gestión de estos centros a empresas con afán de lucro no vinculadas al sector.

Sin ninguna sensibilidad

«A los recortes de la Seguridad Social se han añadido los impuestos por estos lobbies empresariales, que toman la gestión de las residencias. Algunas de estas empresas son filiales de grandes constructoras, alejadas del mundo de la dependencia que solo ven negocio en el sector», denuncia Isabel Aparicio, trabajadora de una residencia de Barcelona y responsable de centros sociosanitarios del sindicado Sindi.Cat. Aparicio, que lleva más de dos décadas trabajando en el sector de la dependencia, culpa de la situación a la Administración.

«Al fin y al cabo es la Generalitat y el Ayuntamiento quienes autorizan las condiciones laborales y marcan los límites. Y también los que conceden la gestión de nuestros centros a estas grandes compañías que no tienen ningún tipo de sensibilidad con el sector», asegura la empleada. Tanto ella como Maite sufren diariamente el impacto de esta situación, tanto por el empeoramiento de sus condiciones laborales como por el «peor trato» que se ven obligadas a dar a sus ancianos.

«Intentamos que no repercuta en los abuelos pero no siempre se puede». Uno de los ajustes más drásticos ha sido, según explican, la limitación del uso de pañales. «Nos han dado instrucciones de que solo cuatro por día, lo que hace que aumente el número de ancianos llagados y con infecciones urinarias», denuncia la trabajadora. Añade que en los residentes con incontinencia urinaria requieren entre ocho y diez pañales diarios. Andrés Rueda, presidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD), añade que otra limitación importante se produce en la medicación.

«Reutilizamos las pastillas»

«Desde hace tiempo nos cuentan las pastillas, sin tener en cuenta que en muchas ocasiones, según el perfil del anciano, administrarlas es complicado, porque las escupen». Eso obliga, según afirma Rueda, responsable de la residencia Sant Pere de les Fonts de Terrassa (Barcelona), a tener que limpiar las píldoras que caen al suelo para reutilizarlas. «Son situaciones extremas que no tendrían porque ocurrir», indica.

El responsable de ASCAD acusa a la Generalitat de «encarecer el coste asistencial con medidas que no solo perjudican la asistencia sino que, a la larga, suponen un gasto mayor». A su entender, la entrada en el sector de empresas con ánimo de lucro tampoco ha ayudado. Para Pilar Ceprián, trabajadora de una residencia pública de Cornellà (Barcelona), cuya gestión fue cedida a una empresa privada, uno de los problemas que más precarizan el empleo de los profesionales del sector son las plantillas insuficientes.

«Sobre el papel no se ha recortado personal, en la mayoría de centros, pero la realidad es que falta gente porque muchos de los ancianos que nos llegan son de grado III (muy sanitarizados porque tienen un nivel de dependencia muy severa) y se requiere el doble de personal por usuario», dice Ceprián.

Falta de personal

La falta de personal hace, según afirma, que los ancianos coman, muchas veces, solos en la sala o que tenga que recorrer las plantas arrastrando con ella a una anciana en silla de ruedas «porque hay riesgo de que se lesione si se queda sola y no hay nadie que se haga cargo de ella», explica la empleada. En la mayoría de los centros las ratios son de 10 ancianos por asistente. «Cuando se trata de ancianos con dependencia severa eso es claramente insuficiente, lo ponen los propios protocolos», denuncia Anna Domingo, que trabaja en una residencia privada del Ensanche barcelonés.

Tanto Anna como Pilar cobran 850 euros netos mensuales. «No es una cuestión de sueldo sino de no poder hacer bien tu trabajo y dejarte la salud para que no haya consecuencias más graves», declaran.

La falta de recursos hace también que se descuide la higiene de los ancianos y de los centros. Este diario ha tenido acceso a una instrucción del Ayuntamiento de Barcelona que ordena a una residencia municipal que «en caso de ser ocho gerocultores, no se realizarán duchas (solo en casos de urgencia), resto higienes completas». «Es inaceptable que la Administración dé ordenes de no duchar a los ancianos cuando saben que son personas muy delicadas que se llagan con facilidad», apunta Domingo.

El motivo por el que llegan a las residencias más ancianos con necesidades sanitarias que asistenciales son «las largas listas de espera». «Durante los años que están sin plaza se agrava la situación de estos ancianos y cuando logran la vancante tienen ya un alto grado de dependencia», asegura Vicente Botella, presidente de la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR). Según datos de esta entidad, en Cataluña hay unos 100.000 ancianos en espera de recibir algún tipo de asistencia, 80.000presentan un grado I de dependencia y otros 20.000 tienen dependencia media y severa.

Fuentes del departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias consultadas por ABC aseguran que «no han tenido conocimiento directo de denuncias por esta situación». Reconocen, no obstante, que «hemos sabido por parte de algún sindicato que han habido quejas de familiares de una residencia propia en gestión externa». Las mismas fuentes aseguran que la Generalitat incidirá en reforzar las inspecciones y que está trabajando con el sector para «debatir si es necesario o no la firma de un convenio colectivo de ámbito catalán».

«Constructoras que buscan hacer negocio con la dependencia»

Trabajadores y directores de las residencias de ancianos de Cataluña coinciden en que una de las causas de la precarización laboral en estos centros es el hecho de que la Generalitat y el Ayuntamiento hayan concedido la gestión a empresas con ánimo de lucro «que no son públicas y desconocen la realidad del sector». Según Andrés Rueda, presidente de la Asociación Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia Gerontológica (ASCAD), estos lobbies empresariales empezaron a desembarcar en el sector «coincidiendo con la crisis del ladrillo y buscan hacer negocio con la dependencia». Desde el año 2014, estos grupos, algunos filiales de grandes constructoras como Ingesan (OHL) o CLECE, empresa multiservicios del Grupo Urbaser (ACS), han aumentado su presencia en el mundo de la dependencia. Ingesan gestiona algunas de las residencias públicas de referencia en Barcelona como la de FortPienc.

Fundaciones privadas como Fundación Vallparadís o Fundación Vellaterra y los Grupos Mutuam o Eulen se reparten también el grueso del controlde las residencias de titularidad pública, según ha podido comprobar este diario.

En Cataluña hay actualmente unas 57.000 plazas de residencia (públicas, concertadas y privadas).

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