Un inmigrante atendido en un ambulatorio
Un inmigrante atendido en un ambulatorio - ABC

La Generalitat aprueba dar asistencia sanitaria a los inmigrantes, aunque no estén empadronados

El ejecutivo catalán no contempla que la norma se impugne ante el TC, pese a que colisiona con un decreto del Gobierno

BARCELONA Actualizado: Guardar
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El gobierno catalán ha aprobado este martes el proyecto de ley que garantiza el acceso universal a la asistencia sanitaria a todos los residentes en Cataluña "con independencia de la situación administrativa" en la que se encuentren los ciudadanos.

Lo ha explicado la portavoz del Govern, Neus Munté, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde ha argumentado que es una ley absolutamente necesaria -que ahora deberá tramitarse en el Parlament- y que sería "un peligro para la salud pública" dejar a una parte de la población sin cobertura médica.

Munté ha criticado que un Decreto del Gobierno central quiso dejar a una parte de los residentes sin esta cobertura médica, y ha asegurado que la Generalitat nunca lo ha aplicado ya que, de haberlo hecho, "137.000 personas" se hubieran quedado sin asistencia sanitaria.

"El estatuto de autonomía recoge que todas las personas tienen derecho a los servicios sanitarios. Ha sido una prioridad del Govern. Es una deuda moral ineludible y que se contempla en la Declaración Universal de los Derechos Humanos", ha concluido.

El Govern admite que esta ley se impulsa "pese a la aprobación del Decreto Ley -del Gobierno- que pretendía dejar fuera del sistema sanitario" a miles de personas, pero pese a ello, asegura que no contempla que la ley pueda ser impugnada ante el Tribunal Constitucional si el Parlament llega a aprobarla.

"No nos planteamos el escenario de la impugnación de una ley de estas características que recoge principios fundamentales", ha expuesto Munté, que argumenta que lo que busca la Generalitat con esta norma es responder a una necesidad de orden social.

También ha dicho que, en su día, el Govern dio una "instrucción" para no aplicar el decreto del Gobierno que limitaba el acceso a la sanidad, y ha asegurado que esa instrucción sigue vigente pese a que fue impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña(TSJC). La citada instrucción, que no tenía rango de ley, suavizaba los criterios del decreto del Gobierno, pero aún exigía a los inmigrantes que acreditaran al menos 3 meses de empadronamiento para acceder a la cartera básica de servicios de asistencia sanitaria, que incluye la atención primaria y especializada.

Preguntada por si la norma puede tener un 'efecto llamada' para inmigrantes irregulares, Munté ha asegurado que no se lo han "planteado", y ha explicado que el acceso universal era un principio que ya existía hasta que el Gobierno promovió su decreto

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