Cárcel para una red que vendía datos del INEM y el servicio de empleo catalán a bancos
Funcionarios de los servicios de empleo traficaban con información reservada
El matrimonio formado por Eduardo F. y Ana María X. se dedicaba desde hacía años al comercio de datos personales reservados a gran escala. Varias empresas que elaboraban informes comerciales y patrimoniales les hacían los encargos. Éstas, a su vez, tenían como clientes últimos a entidades bancarias y financieras , que utilizarían esos datos para comprobar la solvencia y morosidad de los clientes. ¿Cómo lograban obtener esos datos? Lo hacían de forma ilegal través de funcionarios del INEM y de la Oficina del Servicio de Ocupación de la Generalitat (SOC). Con este «modus operandi» esta trama organizada consiguió datos reservados de más de 2.000 personas.
Así lo confirma una sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia de Barcelona a la que ha tenido acceso ABC. Llega tras el juicio de una de las piezas separadas de «Pitiusa», una macrooperación de la Policía Nacional contra el tráfico ilegal de datos con ramificaciones en toda España.
El fallo impone penas desde un año y medio a cuatro años y cuatro meses de cárcel a los siete miembros de la red. Se les condena por los delitos de revelación de secretos y cohecho. Los siete implicados reconocieron los hechos en el juicio y también admitieron ante el tribunal que fueron conscientes en todo momento de que esas consultas de datos reservados que llevaban a cabo eran ilegales.
La pareja contaba con la colaboración de Francisco P. , al que dentro de la trama conocían como «Paco». Un funcionario que, desde la oficina del SOC de Badalona, organizó una red de contactos de funcionarios de ese servicio y del Servicio de Empleo Público (SEPE). Al menos cuatro trabajadores públicos colaboraron con la trama: Montserrat F., María del Carmen H., María Mercedes G. y David V., trabajadores de las oficinas del SOCde Barcelona (de la calle Mallorca) y de Badalona, y también de la del INEM de esta misma localidad.
Datos de 2.061 personas
Estos cuatro trabajadores hacían centenares de consultas de datos semanales en las bases de datos de la Seguridad Social, del SEPE y del Servicio de Ocupación de la Generalitat . Todos eran encargos de «Paco». Accedieron, como mínimo, a datos reservados de 2.061 personas.
Estos trabajos no eran gratis. Eduardo F. y Ana María X. pagaban a «Paco» entre 8 y 10 euros por cada una de las consultas. Éste, a su vez, entregaba a los funcionarios tres euros por encargo.
La sentencia, que se puede recurrir ante el Tribunal Supremo, les condena al decomiso del dinero cobrado por estos servicios ilegales, e inhabilita a los funcionarios durante un tiempo similar al de la condena.
Además de la propia confesión de los implicados, el tribunal de la Audiencia de Barcelona valoró en su sentencia el contenido de los «pinchazos» de los miembros de la trama a los que la Policía Nacional ya les seguía la pista:
—Paco: «Ínténtalo. Es un pastón»
—Montserrat: «Es que siempre tengo al jefe al lado. ¿El cobro es de un día para otro?»
—Paco: «Sí. No te voy a fallar».
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