El abogado «gratuito»

Si usted tiene unos ingresos anuales inferiores a 12.780 euros tiene derecho a la justicia gratuita. Es decir, en caso de juicio no abonará los honorarios de abogados y procuradores y otros gastos derivados (informes periciales, fianzas, etc). Hasta aquí todo en orden, pues se da cumplimiento al derecho constitucional a la tutela efectiva.

No obstante, si desplazamos el foco de atención hacia el abogado del turno de oficio -quien presta la asistencia gratuita al ciudadano- el asunto cambia radicalmente, pues perciben de la Administración unas cuantías irrisorias en concepto de honorarios, sobre todo si se comparan con las de los abogados privados.

El servicio público de justicia gratuita viene siendo prestado por los 83 Colegios de Abogados de España las 24 horas al día, 365 días al año y está atendido por unos 42.000 abogados especializados, con una edad media de edad de 41,5 años.

Son datos del Consejo General de la Abogacía, que llevados a un extremo quiere decir que un abogado de oficio lo está para su cliente un martes a les 10 de la mañana como un 31 de diciembre a las 23,45 horas, a punto de dar las campanadas.

En Barcelona, hay 24.000 abogados adscritos al Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), de los cuales algo menos de 3.000 están en el turno de oficio. Cabe decir de antemano que la inscripción al torno de oficio es voluntaria por parte del abogado.

La cuestión del turno de oficio ha suscitado debate durante la campaña electoral para elegir decano del ICAB, unos comicios que se celebrarán mañana. Hay seis candidatos, entre los que figuran como favoritos María Eugenia Gay y Jordi Pintó, y todos ellos han mostrado sensibilidad hacia el papel del abogado 'gratuito'.

En Cataluña, los honorarios del turno de oficio los abona la Generalitat y están congelados desde 2009. Ni siquiera se han actualizado anualmente con la subida del IPC. Y no se crean que se trata de grandes cantidades. Por ejemplo, un abogado de oficio cobra 215 euros por un proceso laboral, 71 euros por asistir a un detenido, 138 euros por un juicio de faltas y 71 euros por asistir a una víctima de violencia doméstica. Por supuesto estas cantidades --reitero-- están a año luz de los honorarios privados.

La cosa mejoró algo en 2015 cuando el ahora denostado Germà Gordó, entonces conseller de Justicia, blindó la justicia gratuita en un texto único. No obstante, la situación de los abogados del turno se ha visto agravado ahora con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que ha alargado las guardias de los abogados hasta tres días, aunque sólo se les remunera uno.

Hay cuestiones que están en manos de la administración y tiene perspectivas de solución. Los abogados lamentan por ejemplo las dificultades que tienen para acceder a los atestados de la policía cuando detienen a alguien. Van a la comisaría y no saben si encontrarán a un agresor borracho o a un asesino en serie. Bastaría, y así lo ha reclamado el ICAB, que se mejore el protocolo de colaboración. Al final, las dos partes juegan en el mismo bando, que es el servicio público.

La cuestión es en parte de dinero, pero también de voluntad política. Justicia ha decidido pagar 14 euros adicionales a los abogados por cada escrito que presenten en catalán. Me parece bien -en algunos juzgados se usa más el latín que nuestra lengua- pero también me parecería bien que subieran los honorarios por el resto de actos donde interviene el abogado del turno, por ejemplo en 14 euros.