Tras la dimisión de la vicepresidenta

«Valdeón no va a usar su prerrogativa de aforamiento»

Herrera despeja las dudas y las insinuaciones de que la procuradora podría ampararse en ella para evitar a la Justicia

El presidente de la Junta se despide de Rosa Valdeón
El presidente de la Junta se despide de Rosa Valdeón - EFE
M.ANTOLÍN Valladolid - Actualizado: Guardado en: Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró ayer que la exvicepresidenta del Gobierno autonómico, Rosa Valdeón, que el pasado sábado renunció a sus cargos en el Ejecutivo regional tras un incidente de tráfico en el que triplicó la tasa de alcoholemia, le comunicó que «de ninguna manera se amparará en su condición de aforada» para eludir la acción inmediata de la justicia que se derive de los hechos. Herrera pidió tiempo para la política zamorana y demandó a su exvicepresidenta que no tome decisiones inmediatas hasta conocer el contenido del atestado. Valdeón mantiene por el momento su escaño como procuradora del PP por Zamora en las Cortes.

La Fiscalía de Zamora tampoco había recibido ayer el atestado de la Guardia Civil respecto de la alcoholemia positiva practicada a la ya exvicepresidenta, tal y como confirmó a a Ep su máximo responsable, Rafael de Vega, quien apuntó que en caso de que la denunciada renunciara a su aforamiento, como así anunció ella misma, el juicio o conformidad se desarrollaría en el Juzgado de Toro.

Y es que en el supuesto de que Valdeón llevara a término su decisión de no acogerse al aforamiento, en su condición de procuradora, las diligencias del caso ya no serían elevadas al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sino que quedarían circunscritas al ámbito judicial de Zamora, en cuyo caso sería la Fiscalía zamorana la que elaborara el correspondiente escrito de calificación de los hechos. En este sentido, el fiscal jefe de Zamora, Rafael de Vega, aseguró que la conducta de la política del PP podría enmarcarse en el tipo delictivo que recoge el artículo 379.2 del Código Penal. Así, De Vega recuerdó que tal delito llevaría aparejada la retirada del permiso de conducir vehículos a motor por espacio de uno a cuatro años y junto con ello, alternativamente, o bien pena de prisión de tres a seis meses, multa de entre seis y doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad por 31 ó 90 días. Sin embargo, en el supuesto de que la afectada y la Fiscalía llegaran a una sentencia de conformidad, la condena impuesta podría verse rebajada en un tercio respecto de la solicitud formulada por la acusación pública.

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