Tres ciudadanos podrán proponer al Ejecutivo una norma o una consulta

Es la «democracia del siglo XXI», la basada en «información, participación y elaboración» por parte de los ciudadanos en las normas, y la que pretende favorecer e impulsar la Ley de Diálogo Civil y Democracia Participativa, cuyo anteproyecto aprobó este pasado jueves el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Un texto «novedoso» con el que se regula por «primera» vez en España el Diálogo Civil en «todos» los ámbitos de actuación del Ejecutivo autonómico, destacó su vicepresidente, José Antonio de Santiago-Juárez, en la presentación de una norma con la que se regulan tres formas de participación: el diálogo civil, las consultas populares no refrendarias y las iniciativas ciudadanas.

Precisamente estas últimas son «totalmente nuevas» y contemplan la posibilidad de que tan sólo tres ciudadanos, sin necesidad de reunir firmas para avalar la propuesta, así como las organizaciones de la sociedad civil, puedan plantear iniciativas en forma de normas o plantes. Eso sí, deberán incluir el texto completo de la propuesta y una memoria justificativa, y luego será la consejería competente la que decida si la admite a trámite. En caso positivo, para seguir adelante deberá contar con el respaldo de cuatro quintas partes de asociaciones del sector, aunque la «última» palabra corresponderá a la Junta. Una posibilidad «absolutamente novedosa», destacó el también consejero de la Presidencia, quien incidió que «aquí es donde el ciudadano pasa de participar a elaborar». «Se oye y se materializa la voz de los ciudadanos».

Algo que también se extiende a las conductas no refrendarias (las comunidades «no puede hacer referéndum», precisó el vicepresidente). También tres personas pertenecientes a un colectivo u organización representativa del mismo podrán plantear palpar la opinión sobre un tema concreto. «No» se tratará de votaciones y se hará a través de una plataforma digital, «para evitar todo parecido con un referéndum», y únicamente estará abierto a los afectados directamente. Además, destacó De Santiago-Juárez, serán «más abiertas», pues se podrán expresar opiniones, y «no» serán vinculantes, pues «si tenemos claro que un territorio no puede votar por todo el territorio nacional, tenemos que tener claro que tampoco un colectivo vota por todos». Los deberes extraescolares, el número de festivos de apertura del comercio... son algunos de esos temas que podrían plantearse, ejemplificó.

El diálogo civil, que «no debe interferir» con los acuerdos políticos «ni» en el funcionamiento del diálogo social, aunque se buscan «sinergias» entre ellos, es la tercera vía de participación que se abre. Un órgano de «participación», no de negociación y acuerdo, que «no trata de enlentecer» la labor normativa, sino contar con la sociedad civil de una forma dinámica y ágil. El texto «obliga» a la administración autonómica -a la que se circunscribe- a contar «desde el principio» con la sociedad civil cuando pretenda elaborar una norma o plan, de modo que debe dirigirse de «forma personalizada» a los afectados para plantear sus intenciones, de modo que desde el inicio se involucre en su elaboración, además de ser obligatoria su evaluación como una forma más de participación.