El presidente de Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Marti Scharfhausen, minutos antes de la rueda de prensa - ICAL
Sociedad

La razón que ha llevado al CSN a autorizar la reapertura de Garoña

El consejo justifica su decisión sobre la central nuclear burgalesa en lo «avanzado» de las obras exigidas, aunque advierte de que el reactor no se pondrá en marcha si no se cumple con los diez requerimietos dispuestos

ValladolidActualizado:

El estado de ejecución de las modificaciones exigidas para la puesta de nuevo en funcionamiento de Santa María de Garoña, en Burgos, está «avanzado». Éste es el motivo que ha llevado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a emitir un informe favorable para la continuidad de la actividad de la central nuclear, según señaló ayer el director técnico de Seguridad Nuclear del CSN, Antonio Munuera.

Sin querer dar porcentajes de esos avances, el experto sí que explicó que de las cuatro grandes ejecuciones exigidas «dos están prácticamente finalizadas, una está realizada a la mitad y la última está a un nivel de desarrollo bastante adelantado». Estas cuatro modificaciones de diseño a las que hizo referencia Munera son un nuevo sistema de reserva y tratamiento de gases, la separación eléctrica de cables, una modificación en válvulas para el aislamiento de la contención primaria y la protección de equipos frente a una potencial caída del techo de la turbina ante un posible incendio.

Central de Santa María de Garoña
Central de Santa María de Garoña- ICAL

No obstante, desde el órgano regulador advierte de que el reactor de la central nuclear no se pondrá en marcha si no se cumple con los 10 requisitos dispuestos en las modificaciones de diseño y en las instrucciones técnicas post-Fukushima. Se tratan de «requerimientos muy exigentes», y se insistió en que Garoña «no podrá arrancar si esto no está hecho», como afirmó Fernando Castelló Boronat, otro de los consejeros, informa Ical.

Requerimientos «muy exigentes»

La primera se refiere en primer lugar al momento previo de la carga de combustible nuclear, en el que Nuclenor «deberá completar las actuaciones necesarias para alcanzar el nivel de seguridad nuclear y protección radilógica previsto para dicha situación operativa» y que consiste en «establecer un programa de Organización y Factores Humanos; la adaptación a la IS-30 del CSN, correpondiente a la protección contra incendios; la implantación de medidas post-Fukushima pendientes relativas a la instalación del sistema de venteo filtrado (SVFC), la constriccuón del Centro Alternativo de Gestión de Emergencias (CAGE), y el montaje de los recombinadores pasivos autocatalíticos de hidrógeno (PAR); o una prueba de validación en relación con la gestión de grandes cantidades de agua contaminada», entre otras.

La segunda se vincula directamente con la criticidad del reactor, es decir, con el momento de arranque en el que la central deberá «elaborar un plan de inspección de los accionadores de las barras de control para las dos siguientes paradas de recarga; informar al CSN sobre el cumplimiento del programa de actuaciones para el restablecimiento de la capacidad técnica del personal de explotación; efectuar una revisión del Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE) incorporando las propuestas de mejora identificadas; o introducir en el programa de pruebas de arranque la realización de un conjunto de pruebas suficientes para comprobar la correcta respuesta dinámica de la planta ante transitorios previstos, programa que se presentará al CSN con una antelación mínima de nueve meses a la fecha prevista para la criticidad del reactor».

Según avanzó Antonio Munuera, «el titular tiene intención de implantar las modificaciones de diseño que le faltan en un periodo que ha planificado en 12 meses», aunque el presidente lo consideró un plazo «corto». Martí tampoco quiso hacer una estimación del coste de las inversiones para realizar estas modificaciones: «Cuánto cuestan no lo sabemos ni lo queremos saber. Nos da igual si le cuesta a Nuclenor 100 o 300», recalcó.

De recibir la autorización del Ministerio, Garoña se tendría que someter a revisiones periódicas por mínimo cada 10 años, por lo que si volviera a entrar en actividad le correspondería en el año 2023.