Política

El PP impulsa una ley para que todas las gasolineras tengan personal por el día

Busca defender los derechos de los usuarios y evitar «perjuicios» a los discapacitados y los riesgos ambientales

Valladolid Actualizado: Guardar
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Decir adiós en la Comunidad a las gasolineras con poco más que los surtidores y una máquina que hace las labores de cajero cuando un conductor para a repostar. Es lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular a través de una Proposición de León (PL) registrada en las Cortes de Castilla y León para exigir que todas las estaciones de servicio de venta al público al por menor de gasolinas y gasóleos de automoción que cuenten mientras estén abiertas en horario diurno -aún por fijar las horas exactas, que depende de Consumo- con «al menos una persona, debidamente formada, responsable de los servicios que se prestan al objeto de garantizar los derechos de los consumidores».

Una iniciativa con la que pretende dar solución a las «dificultades y problemas» para los usuarios que supone llenar el depósito de su vehículo en una gasolinera sin personal, apuntó el portavoz del Grupo Popular, Carlos Fernández Carriedo.

Pretenden que Castilla y León se sume de este modo a las medidas impulsadas también por otra decena de comunidades -«no somos los primeros, pero tampoco los últimos», apuntó- para regular un sector en el que en los últimos años han proliferado este tipo de gasolineras, fundamentalmente dentro de las consideradas «low cost», pero no en exclusiva.

«Perjuicio grave» para la discapacidad

«No queremos que lo natural, en diez años, sea ir a una estación de servicio sin personal, con los riesgos que eso supone», argumentó Fernández Carriedo. La iniciativa busca corregir las «dificultades» de los usuarios para, por ejemplo, poner una reclamación, el «perjuicio grave» para las personas con discapacidad que supone no contar con personal que les atienda cuando acuden a repostar o el «riesgo» para la seguridad y el medio ambiente dado el tipo de producto inflamable, contaminante y peligroso que se manipula: carburante. Todo sin olvidar el impacto sobre el empleo. Con su aprobación, se conseguría revertirlos y convertirlos en otros cuatro «beneficios», según el portavoz popular, quien confió en contar con el apoyo del resto de fuerzas políticas sentadas en el Parlamento para su aprobación.

«Evitar» despidos

En términos de empleo, según los cálculos «extraordinariamente prudentes» del PP, supondría la creación de unos doscientos nuevos puestos de trabajo en las aproximadamente sesenta gasolineras que atienden mediante una máquina («no todas low cost», precisó) que hay en la Comunidad, del total de 1.300 estaciones de servicio que operan. Además, añadió Carriedo, se está «evitando el riesgo cierto» de que gasolineras actualmente con personal «vayan decidiendo con el tiempo» prescindir de éste para «ser más competitivos por el ahorro de costes», con el consiguiente impacto negativo en la cola del paro.

Aunque Fernández Carriedo reconoció que «pudiera darse el caso de algún cierre» de estación sin personal, «tampoco creo que nos interese en nuestra Comunidad» ese tipo de negocio. «Puede haber algún céntimo de diferencia por el ahorro en personal, pero nos olvidamos de otras cuestiones», incidió para defender esta iniciativa, surgida de las demandas de la patronal, los sindicatos del sector, las asociaciones de consumidores y las de personas con discapacidad.

La iniciativa del PP toma forma de Proposición de Ley ya que tiene que modificar otra norma con rango legal no tan lejana, la del Estatuto del Consumidor de Castilla y León, aprobada en febrero de 2015. Además, supone también acotar la barra libre que se dio en 2013 con la Ley de Medidas de Apoyo al Emprendedor y de Estímulo del Crecimiento y de la Creación de Empleo, por la que se liberalizaba la instalación de estaciones fundamentalmente en polígonos y su posibilidad de que funcionaran por procedimientos automáticos. Pero, reconoce el PP en su propuesta, se ha producido una «proliferación» de este tipo de surtidores que están provocando «problemas» entre los usuarios y «efectos negativos» sobre el empleo.

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