Política

Podemos, «orgullosísimo» de apoyar a los militares de Tropa

Las Cortes, primeras en urgir la integración laboral a quienes dejen las Fuerzas Armadas por edad

Hemiciclo de las Cortes de Castilla y León F. HERAS

ISABEL JIMENO

«Militares de los que estamos orgullosísimos porque dan la vida por nuestro país». Con estas palabras el procurador de Podemos Carlos Chávez argumentaba el apoyo de su partido a una iniciativa conjunta rubricada por todos los grupos políticos con representación en las Cortes de Castilla y León para urgir al Gobierno central a «reforzar todas» las actuaciones que permitan la «plena integración» del os militares temporales cuando vayan a abandonar su relación profesional con las Fuerzas Armadas, que les llega a los 45 años si no han ascendido.

Una adhesión de la formación morada a la reivindicación de las reclamaciones de los militares de Tropa, Marinería y Complemento, que no pasó desapercibida en la Cámara. «Nos alegramos especialmente» de que Podemos se haya sumado en Castilla y León a la iniciativa, «contraviniendo» a su grupo a nivel nacional, que en el Congreso se descolgó, resaltó el popular Ángel Ibáñez. «Hay que ir un paso más allá en el reconocimiento al trabajo de nuestros militares», defendió el procurador de la formación de Pablo Iglesias, quien resaltó la unidad de «todos» los partidos en torno a esta causa. Además de concitar el apoyo de los cinco partidos que se sientan en el hemiciclo (PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU-Equo y UPL), las Cortes se convirtieron también ayer en «la primera cámara» que de forma unánime da respuesta a la reclamación de estos profesionales, destacó el portavoz socialista, Luis Tudanca. Aunque depende del Gobierno, Tudanca inició en la importancia que tiene para Castilla y León, ya que hay más de 6.000 militares en esta situación.

Buscar que se garantice que los militares, una vez llegada a esa edad, tengan garantizado el «acceso al empleo en las mejores condiciones posibles», subrayó el popular Ángel Ibáñez. «Medidas concretas» para que «de una vez por todas esta situación se solvente», reclamó José Ignacio Delgado, quien mostró su apoyo al colectivo, al igual que José Sarrión (IU) en nombre del Grupo Mixto.

Fue una de las dos únicas iniciativas, en forma de Proposición No de Ley (PNL) que salieron ayer adelante por unanimidad al completo en la segunda sesión del pleno de las Cortes. También recibió el apoyo de todos una impulsada por el PP en materia de cooperativas agroalimentarias. En ella se apuesta por «dar un mayor impulso» a la integración del sector cooperativo mediante el reconocimiento de Entidades Asociativas Prioritarias. Además, también reclama un mayor empuje para crear una estrategia de comercialización conjunta para ganar en competitividad y conseguir nuevas oportunidades de negocio. Jóvenes y mujeres son otros dos de los pilares que se quieren afianza, para favorecer su incorporación y que ganen peso en las explotaciones.

Y no prosperó, con el rechazo al completo del resto de grupos, la propuesta de Ciudadanos para que el Gobierno central instaure el contrato laboral único. Aunque su propuesta prosperó en parte, con en requerir al Ejecutivo de la Nación un marco laboral que permita puestos de trabajo estable y «aseguren el futuro de nuestro sistema público de pensiones».

Cambio de norma

Los mayores desencuentros se reservaron para el final de la sesión, aunque eso no impidió que recibiese el visto bueno la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el PP para modificar de nuevo el Estatuto del Consumidor. Primer paso para que la norma que impedía las gasolineras sin personal desaparezca y vuelvan a ser legales las estaciones de servicio desatendidas. Los cambios legales a nivel estatal que introducen «medidas de seguridad» adicionales y de atención a las personas con discapacidad, la propuesta de modificación impulsada por Urcacyl para tumbar la norma y el expediente informativo de la Comisión Europea sobre la posible sanción a España por mantener esta norma justifican el cambio de parecer, explicó Salvador Cruz. El procurador popular defendió que en su momento se impulsase el cambio para obligar a las gasolineras a tener personal y el cambio de postura ahora «en un ejercicio de pura responsabilidad».

Un argumento que no convenció especialmente al PSOE, el más crítico. De «ridículo» tachó José Francisco Martín, quien cuestionó incluso que pueda haber una multa de la UE, algo que incluso el procurador de Podemos Félix Díaz cuantificó en 600.000 euros al día si llega a imponerse. Los dos partidos de izquierdas se abstuvieron en la votación de la Proposición de Ley, que, en principio, supone el primer paso para cambiar la norma que desde hace poco más de un año obliga a las gasolineras a tener personal.

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