Economía

Mediación para que 11.000 conflictos laborales individuales no vayan a juicio

El pacto firmado por Junta, Cecale, CC.OO. y UGT dará más agilidad a la búsqueda de acuerdos

Angulo (UGT), el consejero Fernández Carriedo, Cepedano (Cecale) y Andrés (CC.OO.) firman el acuerdo del Serla
Angulo (UGT), el consejero Fernández Carriedo, Cepedano (Cecale) y Andrés (CC.OO.) firman el acuerdo del Serla - ICAL
ISABEL JIMENO Valladolid - Actualizado: Guardado en: Castilla y León

La mediación, conciliación y arbitraje para intentar el entendimiento en los conflictos entre empresas y trabajadores de Castilla y León sin necesidad de llegar a la vía judicial dio ayer «un paso más allá» en el camino recorrido durante los veinte años discurridos desde que en 1996 patronal Cecale y los sindicatos CC.OO. y UGT sentaron las bases de esa negociación por la que en este tiempo han pasado más de 1,5 millones de trabajadores en 3.626 expedientes. Hasta ahora, restringido a los conflictos colectivos, ese «paso más allá» supone extenderlo a los individuales, siempre que no tengan únicamente como motivo la reclamación económica, cuya incorporación se deja para el futuro. Haber comprobado a lo largo de este tiempo que el Serla (Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León) ha sido una «institución eficaz y útil es lo que nos ha animado» a ofrecer «nuevos servicios», destacó el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, sobre el acuerdo ratificado ayer con los agentes económicos y sociales.

Una firma cocida a «fuego lento» y que llega tras meses de negociaciones, pues su origen está en un acuerdo previo suscrito ya en enero. Pero se ha hecho así porque «la desjudicialización de los conflictos es una cosa muy seria», ya que «nos comprometemos a autorregularnos», destacó Vicente Andrés, de CC.OO. «Es un paso de riesgo porque vamos a tratar sobre muchos miles de trabajadores», apostilló.

según los cálculos, cada año hay unos 11.000 conflictos individuales en Castilla y León, que son a los que pretende atender este nuevo servicio, que en una primera fase (hasta diciembre de este año) se pondrá en marcha en Valladolid (aquí están los servicios centrales de los diferentes agentes implicados y la sede del Serla), para después extender sus oficinas a las otras ocho capitales de provincia y Ponferrada -donde hay juzgados de lo Social-, lo que supondrá también nuevas contrataciones. Ya se está formando a 36 profesionales -18 propuestos por Cecale y otros tantos por los sindicatos- para actuar como mediadores-conciliadores. La Consejería de Empleo asume los costes de funcionamiento, que incluyen el personal (entre dos y tres trabajadores por sede) y medios materiales, además de la compensación de esos mediadores. Este año, con tres meses por delante y sólo en Valladolid, el gasto será inferior, para el próximo se prevé en un millón de euros, que puede ser superior en 2018, cuando esté plenamente operativo en las diez sedes los doce meses.

Por el momento, lo sufragará la Junta, aunque siguen las conversaciones, que se han «intensificado», con el Ministerio de Justicia para intentar llegar a un acuerdo que sufrague al menos en parte ese coste que, en el fondo, va a suponer un «ahorro» a los juzgados. Además, Castilla y León es la primera comunidad que sin tener las competencias de Justicia implanta en marcha este servicio. Aún así, «lo ponemos en marcha porque creemos que es positivo, no por ahorro», subrayó Fernández Carriedo.

Un servicio, incidió el consejero, que «permitirá agilizar trámites y reducir costes porque va a haber muchos acuerdos previos a la administración de justicia». En diez días tienen que tener una primera cita y en 15 -antes de que acabe el plazo para citarse en juicio- alcanzar una resolución, que será vinculante para ambas partes. El objetivo es que en el Serla se resuelvan la mayor parte de los conflictos. Ahora, a través de las oficinas territoriales de trabajo, sólo el 25% de las conciliaciones acaban en acuerdo, mientras que en Aragón -comunidad en la que mira Castilla y León y en la que se ha fijado- llega al 80, basado fundamentalmente en la «confianza» que en trabajadores y empresas ofrece que como mediadores estén representantes de ambos colectivos. Precisamente el vicepresidente de Cecale, Javier Cepedano, destacó que el ser «ágil y fiable» dará buenos resultados. Será gratuito y «está alejado de cualquier teoría o criterio de privatización», incidió Evelio Angulo, de UGT.

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