Insisten ante la juez desde las empresas eólicas que se les «exigió» socios locales

Hizo un ingreso en el Principado de Mónaco en dos cuentas abiertas a nombre de sociedades panameñas, una de las cuales era controlada por Jesús Rodríguez Recio, considerado el «testaferro» de Rafael Delgado por la Fiscalía. El Ministerio Público estima que así le llegaron 2,2 millones, dinero que después pasó por Suiza y «del que ha dispuesto en provecho propio» el exviceconsejero de Economía y principal señalado en la causa. ¿El motivo por el que se realizaron transferencias en cuentas en el extranjero? «Porque me lo exigieron». Así lo reconoce el empresario del que partieron esas cantidades, un promotor eólico que había contratado a una sociedad para «gestiones administrativas» y asegura que procedió tal y como le marcaron. Al menos, así lo expuso en su interrogatorio en Anticorrupción, que ayer se limitó a ratificar ante la juez donde estaba citado como investigado y se negó a declarar, según explicó el letrado de la acusación popular que ejerce Ecologistas en Acción, Emilio Martínez.

Se trata de Carlos Galdón, exconsejero delegado de Glaxo en España y empresario vinculado a energía renovables que es la primera persona en este proceso que se niega a declarar ante la juez instructora de la trama eólica. De esta forma, consta sólo lo que explicó en dos ocasiones en enero y febrero de este año en Anticorrupción antes de que se formalizara la querella y donde durante dos horas defendió los pagos que realizó en base a gestiones relativas a los parques que la sociedad Aguiase le había realizado y que se elevaron en total a los cuatro millones.

Quien sí prestó ayer declaración ante la juez fue César Hernández Chico, que era durante la trama era director técnico de Preneal. Confirmó lo ya expuesto por otras empresas, que desde Economía se les «exigió la entrada de socios locales» para conseguir la autorización de parques, que «obtuvo» tras esa participación. Además de como representante de la citada firma promotora, este investigado figura en la querella como propietario y administrador de Servicios Integrados Camba SL, a la que Cronos Global SL, participada por los hermanos Esgueva, vendió acciones por su valor nominal de un euro, frente a los millones que cobró a Preneal.