La información de juicios necesita regulación

La Constitución Española recoge el derecho a un proceso público pero en casi cuarenta años no se ha llevado al Parlamento ninguna ley para desarrollar ese derecho. La consecuencia es que la actividad de los periodistas en el ámbito judicial se ve sometida a la voluntad de profesionales como los jueces y fiscales, que no siempre mantienen un criterio uniforme. Este es el punto de partida de la tesis «La publicidad de las actuaciones judiciales en los medios de comunicación. Especial referencia al ámbito de Castilla y León», un trabajo realizado por el periodista Pedro Sedano que ha obtenido del tribunal un sobresaliente «cum laude» en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos.

La tesis se apoya en una parte teórica en la que se analiza la interpretación actual del derecho a un proceso público y los condicionantes desde el ámbito de la Justicia y el de la comunicación.

Además, incluye una encuesta cualificada en la que se recogen las opiniones respecto a la comunicación de informaciones judiciales de los presidentes de las audiencias provinciales y los fiscales jefe de las nueve provincias de Castilla y León. También alude a algunos ejemplos concretos de la forma en que se gestionó la relación con los periodistas en algunos procesos de especial relevancia en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Audiencia Provincial de Burgos.

En realidad, la publicidad de los procesos está regulada por dos normativas sin rango de ley. Se trata de un Protocolo de comunicación elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, que acaba de actualizarse en 2015, y una Instrucción de la Fiscalía General del Estado. En ambos textos se apuesta por una mayor transparencia de los procesos y actuaciones relacionadas con la Justicia, aunque no se resuelven algunos condicionantes.

En la tesis se sostiene que tanto la jurisprudencia como la valoración de los expertos coinciden en que el concepto de publicidad, que se remonta a la cultura de la Grecia Clásica y se revitalizó a partir de la ilustración francesa, cambió a partir de la irrupción de los medios de comunicación de masas. La posibilidad de que los periodistas puedan seguir de manera adecuada y con los medios precisos los procedimientos hace que la publicidad no se limite, en el mejor de los casos, a unas decenas de personas que pueden acudir a las salas de vistas, sino que tenga un alcance mucho más amplio.

Reducir los errores

Sin embargo, la tesis pone de relieve que es deseable que esa comunicación de lo que ocurre en los procesos se haga reduciendo al mínimo los errores. Los presidentes de audiencias provinciales y fiscales jefe de Castilla y León coinciden en una valoración que no llega en ningún caso a siete puntos sobre diez las informaciones periodísticas sobre temas judiciales. Insisten en que son demasiado frecuentes los errores en esas informaciones e, incluso, los juicios paralelos y la vulneración de la presunción de inocencia.

De hecho, el «hilo de comunicación» entre lo que se hace en los tribunales y la opinión pública está sujeto a posibles distorsiones por razones como la falta de una regulación normativa con rango de ley que establezca las condiciones en que debe producirse; la falta de formación suficiente de los profesionales de la Justicia en materia de comunicación y de los periodistas en materia jurídica; y la escasa dotación de medios materiales y humanos de los gabinetes de comunicación que prestan apoyo a la administración de Justicia en cada comunidad autónoma.