Debate sobre el estado de la ComunidadHerrera: «Asumiré responsabilidades políticas cuando la Justicia se pronuncie»

Consciente de que la corrupción iba a ser la principal munición con la que la oposición iba a cargar su discurso y sus críticas, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se adelantó ayer introduciendo el asunto en el Debate sobre el Estado de la Comunidad. Pero su llamada a la «reflexión» y la «serenidad» de nada sirvió. Como habían anticipado, desde los bloques de enfrente llegaban con ganas de disparar a diestro y siniestro por el flanco más débil del Gobierno regional, pidiendo incluso de nuevo su cabeza por lo que consideran su «responsabilidad in eligendo e in vigilando» por no impedir esas conductas que ahora están en los juzgados.

Herrera asumió que es «políticamente responsable» de «lo bueno y de lo malo, de los errores y los aciertos» y también «de las posibles irregularidades que pueden haber cometido alguno o algunos de mis más directos colaboradores», pero en reiteradas ocasiones pidió respetar los tiempos, dejar que la Justicia actúe y decida.

Y será «entonces», cuando los tribunales dicten sentencia y digan si algún «colaborador» designado por él tiene responsabilidad cuando asuma su «responsabilidad política». Así que, de momento, de dimitir, nada de nada, por más que PSOE y Podemos se afanaron en exigir.

Como telón de fondo del debate de la corrupción, unos «hechos que pudieran ser constitutivos de delito», como son la compra del edificio de Soluciones Empresariales en Arroyo de la Encomienda (la «Perla Negra»), el polígono en la también localidad vallisoletana de Portillo y la autorización de parques eólicos, a los que ya en su primera intervención se refirió Herrera. Detrás de ellos, un nombre, Tomás Villanueva, que no citó expresamente, pero sí se refirió a él. Una «persona que por designación mía directa» fue miembro del Gobierno regional y ha sido citado a declarar como «investigado» dentro de sendos procesos. Pero, recalcó el presidente, esas investigaciones «están en curso» y, «desde luego, no se ha producido esa apertura de juicio oral» que, según resaltó «es el momento», ya que supone unas garantías, para evitar el «linchamiento a alguien que ni siquiera ha tenido la oportunidad» de pronunciarse ante la Justicia. Así, llamó a la «reflexión» y «serenidad», aunque se trate de «posibles casos de corrupción que afectan a altos cargos o exaltos cargos de la Junta» con hechos «que causan justificada alarma social y política».

«La mayoría, honrados»

Desde el «respeto» a las actuaciones judiciales y sus decisiones, que reiteró, y el deseo de que «cuanto antes» se conozca «la verdad», dejó claro que «nadie está por encima de la ley, y menos aún en el ejercicio de responsabilidades públicas, en las que no cabe tolerancia con la corrupción». Eso sí, en el que es su duodécimo Debate de Política General, el más difícil por estos hechos en sus dieciséis años de mandato, el presidente de la Junta también quiso dejar clara su «convicción» de que «la inmensa mayoría de los responsables políticos que ha tenido y tiene Castilla y León en todos estos años han sido y son unos honrados servidores públicos».

Herrera arrancaba así el tercer aplauso de la casi veintena que acompañaron sus cerca de 90 minutos de exposición haciendo un repaso la «situación actual» de la Comunidad. Con avances, pero también con retos por cumplir, el jefe del Ejecutivo autonómico incidió en defender que Castilla y León «sigue apostando por la estabilidad política y social», el crecimiento económico que se está «produciendo, el empleo que se crea y los acreditados servicios públicos.

Pero de nada sirvió su afán por destacar esos aspectos, con los que la oposición tampoco coincidió en su diagnóstico. El cruce dialéctico más duró llegó con la corrupción, para la que todos los grupos tenían reservado un espacio de su tiempo en la tribuna de oradores.