Hallan cuatro lobos muertos y uno moribundo por furtivismo en la provincia de Valladolid

Agentes del Seprona y personal de la asociaciones para la Conservación y Estudio del lobo ibérico (ASCEL) y para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid (ACENVA) denunciaron este lunes que en la última semana de enero contabilizaron cuatro lobos muertos y uno moribundo por furtivismo en la provincia vallisoletana, según informaron en un comunicado ambas organizaciones, que calificaron los últimos siete días como «los más nefastos» para la especie en Valladolid, donde la población, aseguraron, «lleva años en declive».

De estos cánidos encontrados, tres ingresaron en el CRAS (Centro de Recuperación de Aves Silvestres) de Valladolid, dos de ellos muertos y otro en estado crítico. El cadáver de uno de ellos mostraba lesiones compatibles con un tiro, mientras que el otro, indicios de envenenamiento. El que aún vive fue sorprendido moribundo, con un grave ataque de sarna.

Además, al menos otros dos lobos fueron abatidos en una montería autorizada en los Montes Torozos. Otro ejemplar del mismo grupo familiar fue sacrificado recientemente con la justificación de daños al ganado. Conviene recordar que en líneas generales, los lobos muertos por furtivismo suelen llegar al 50 por ciento de la mortalidad legal, por lo que este grupo «podría haber sido severamente diezmado».

«Toda una irresponsabilidad y despropósito por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente añadir descastes a los casos de furtivismo mortalidad», criticaron las asociaciones.

ASCEL y ACENVA lamentaron que la caza ilegal y el uso del veneno «siguen sin ser tomados en serio por parte de la Administración regional, que mira para otro lado constantemente ante estos problemas y que, lejos de poner soluciones a estas lacras, permite cazar lobos aunque ya se haya alcanzado el cupo establecido».

Actualmente, Valladolid cuenta con un cupo cinegético de cinco lobos «y a día de hoy las muertes conocidas de esta especie entre controles autorizados y mortalidad ilegal sería de seis».

Las dos organizaciones naturalistas solicitarán a la Junta de Castilla y León la correspondiente información sobre todos estos casos y reclamarán el cumplimento de su responsabilidad como órgano competente para la conservación de la especie.