Dieciséis encausados por defraudar a Fomento con la sal para las carreteras

Después cinco años de exhaustiva investigación, dos de ellos bajo secreto sumarial, la instrucción del sumario por una presunta trama para defraudar al Ministerio de Fomento en el mantenimiento de carreteras estatales de la comarca zamorana de Sanabria entra en su recta final tras acordarse la continuación de diligencias -paso previo a la apertura de juicio oral si así se procede- en las que figuran dieciséis encausados entre los que hay cuatro funcionarios de Fomento y el resto son directivos, titulares y trabajadores de la empresa concesionaria de las obras de conservación de la carretera N-525 y las autovías A-52 Rías Bajas y A-66 Ruta de la Plata en el noroeste.

A los encausados se les investiga por un rosario de presuntos delitos entre los que figuran la prevaricación, el cohecho, la estafa, la apropiación indebida, la malversación de caudales públicos, las negociaciones prohibidas a funcionarios, la infidelidad en la custodia de documentos y la pertenencia a una organización criminal, según la información facilitada ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Entre 2006 y 2011

Las diligencias las instruye el Juzgado de Puebla de Sanabria y se refieren a hechos ocurridos entre los años 2006 y 2011. Durante la época de vialidad invernal, supuestamente se habría facturado a Fomento cantidades de sal muy superiores a las realmente adquiridas por la UTE o a las esparcidas en las carreteras. A su vez, presuntamente se habría adquirido sal procedente de Portugal, de desecho de bacaladeras, para extenderla en las carreteras y facturarla como sal de mina o sal marina, de mayor precio.

Para ello, uno de los investigados al parecer, habría llegado incluso a constituir una empresa que la facturó como sal de mina o marina. Por otro lado, habrían sido retiradas diversas biondas o barreras de seguridad de las carreteras que pertenecerían al Ministerio de Fomento y que algunos de los investigados presuntamente habrían negociada su venta para ser adquirida por diversas chatarrerías con perjuicio económico para el Ministerio de Fomento.

Según la investigación, también habrían sido realizados diversos trabajos en viviendas particulares de funcionarios y trabajadores, presuntamente con cargo al Ministerio de Fomento. Del mismo modo se les habría sufragado diversos gastos como comidas, viajes, estancias en hoteles, asistencias a cursos y espectáculos públicos, compra de diversos regalos, repostajes de gasolina, e incluso el alquiler de un vehículo para uso personal de uno de los investigados.

En la investigación judicial, en la que han colaborado la Fiscalía Provincial de Zamora y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se efectuaron diversos registros para recabar documentación, se elaboraron informes periciales y de la Agencia Tributaria y se tomó declaración a los investigados y a más de cincuenta testigos. La causa comprende catorce tomos principales y una pieza separada que fue transformada en diligencias previas por delitos de estafa, cohecho y falsedad documental en la que figuran como investigados un funcionario del Ministerio de Fomento y otras seis personas.

Sobre la causa principal, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puebla de Sanabria acaba de dar traslado a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado de una petición para que en el plazo de veinte días, dada la complejidad y extensión de las diligencias, opten por solicitar la apertura del juicio oral y formulen el correspondiente escrito de acusación o bien acuerden el sobreseimiento de la causa. Del mismo modo, el Ministerio Público y el abogado del Estado podrían optar, excepcionalmente, por pedir la práctica de diligencias complementarias antes de concluir la instrucción e iniciar la fase de apertura de juicio oral.