Castilla y León, la única que alcanza la plena atención tras diez años de la ley

«Somos la Comunidad que mejor gestiona la dependencia en España; la única que atiende a todos los dependientes, la que más empleo crea en el sector y una de las que más retorno económico tiene con su modelo». Con estas palabras resumía la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, las conclusiones recogidas en el último dictamen del Observatorio de la Dependencia, hecho público ayer por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Con el documento aún caliente sobre la mesa -acababa de ser presentado en Madrid-, la máxima responsable autonómica en materia de Familia agradecía a «los profesionales de la Junta, los Ceas, corporaciones locales y asociaciones del Tercer Sector implicadas en la atención a la dependencia» el trabajo realizado en el último año.

Motivos tiene para la satisfacción. Tras diez años de la puesta en marcha de la ley por el entonces gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Castilla y León es la única comunidad con atención plena -su lista de espera está por debajo del 1 por ciento-. Lo dicen los profesionales del sector. Además, no es el único punto fuerte del sistema. El número de personas beneficiarias (11.755 más en el último año), el equilibrio entre los servicios y las prestaciones económicas, la transparencia del sistema, el empleo generado... Son muchos y de diversa índole los factores que hacen al sistema castellano y leonés rozar el sobresaliente. En concreto le otorgan 8,93 puntos, tres décimas más que en el anterior dictamen, cuando comenzó una evaluación con criterios más exigentes.

De esta manera, Castilla y León revalida su liderazgo en la atención a la dependencia por décima vez consecutiva. No sólo eso. Casi dobla la puntuación obtenida por la media nacional, un 4.96. En total son nueve las autonomías que superan el cinco, mientras otras ocho, además de las dos ciudades autónomas, no llegan al aprobado. «Hemos ido por el buen camino y somos el referente a nivel nacional», significó la consejera.

Castilla y León concluyó el año con un total de 85.826 dependientes atendidos, incrementándose un 16% respecto al año anterior. De esta forma, «es la Comunidad que más beneficiarios tiene sobre el total de la población potencialmente dependiente (12,6%)».

Además, el dictamen pone de relieve que la autonomía volvió a repetir en 2016 como la comunidad con mayor capacidad para generar empleos en torno a la dependencia. Así, por cada millón de euros de gasto público impulsó 50 puestos de trabajo, mientras que la media nacional es de 34,8. «Tenemos más de 24.000 empleos directos vinculados a la dependencia y en el último año creamos 3.500, incrementándose un 16 por ciento», subrayó con el informe en la mano Alicia García, vinculándolo al hecho de la atención se basa en servicios profesionales (los reciben un 72% de los dependientes). La consejera hizo alusión también a otro dato económico «importante» recogido en el informe: el retorno económico, «uno de los más altos de España, con un 41,1 por ciento. «Esto supone que cerca de 200 millones vuelven al erario público en forma de impuestos, cotizaciones sociales, IVA e IRPF».

Sólo en dos apartados no alcanza la plena puntuación; el que hace referencia a las personas que no obtienen grado sobre el total de dictaminadas, y en el incremento o pérdida anual de expedientes de grado III (los más graves). En cuanto al primero, la consejera lo justificó en el hecho de que la autonomía ha optado por incluir en el sistema a todos aquellos dependientes leves que, aunque no tengan un grado reconocido, reciben otras prestaciones como teleasistencia o ayuda a domicilio. Respecto a no sumar más dependientes graves, Alicia García lo vinculó a la plena atención alcanzada por Castilla y León.

El dictamen recoge que la financiación del sistema en Castilla y León fue de 593,2 millones de euros en 2016, siendo el gasto por habitante de 166,65 (en España se quedó en 121,8). Hace hincapié también en que la autonomía aporta el 78 por ciento de la financiación pública. Por último, los expertos denuncian el quebranto acumulado para las arcas autonómicas en dependencia por la supresión del nivel acordado y el recorte del nivel mínimo, que supuso, a su vez, una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían las personas con cuidados familiares.

«Siempre hay margen de mejora», subrayó la consejera. Así, entre los retos pendientes, enumeró la norma para acreditar los centros que prestan ayuda a domicilio, así como la necesidad de seguir acortando plazos en el reconocimiento de la prestación.