Los portavoces de Podemos, Pablo Fernández (I), de Grupo Mixto, José Sarrión (D), y de Ciudadanos, Luis Fuentes (C), registran iniciativas parlamentarias para la creación de una Comisión de Investigación sobre las Cajas
Los portavoces de Podemos, Pablo Fernández (I), de Grupo Mixto, José Sarrión (D), y de Ciudadanos, Luis Fuentes (C), registran iniciativas parlamentarias para la creación de una Comisión de Investigación sobre las Cajas - ICAL
Política

Castilla y León también tendrá una comisión para investigar las Cajas

PP y PSOE «permiten» su creación y Podemos anuncia que quiere ocupar la presidencia

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Mientras en Madrid se peleaban por saber quién presidirá la comisión de investigación sobre las Cajas de Ahorros, en Castilla y León se daba vía libre a la creación del mismo órgano a propuesta de Podemos, Ciudadanos y Grupo MIxto y sin la oposición -que la hubiera podido frenar- de PP y PSOE. Será la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, la que informe en un próximo pleno de la Cámara de la creación de la nueva comisión de investigación. A partir de ahí, la Mesa, oída la Junta de Portavoces, determinará la composición, organización y reglas de funcionamiento, y todos los grupos contarán como mínimo con un representante para iniciar unos trabajos que, según su principal impulsor, tiene como fin «depurar» las responsabilidades políticas en el «agujero negro y saqueo» de las extintas entidades.

Además, el Grupo de Podemos presentará su candidatura -en concreto la de su portavoz, Pablo Fernández- para presidir la comisión sobre la actuación, gestión y supervisión de las Cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León, que será la tercera que se constituye en esta legislatura en las Cortes, tras las de los parques eólicos y el Hospital de Burgos, aún en marcha y que podría retrasar el comienzo de la referida a las entidades, informa Ical.

«No se puede solapar con lo que se va a investigar en el Congreso», destaco el portavoz de los populares, Raúl de la Hoz

Al respecto, el Grupo Popular se mostró «favorable a la comisión» y a que ésta «comience cuanto antes». Pese a que los servicios jurídicos de las Cortes ya avisaron de la dificultad que suponía, considera que algunas de las propuestas de investigación están fuera de las competencias de la Comunidad, pero sí apoya analizar la fusión e integración. «No se puede solapar con lo que se va a investigar en el Congreso», destaco el portavoz de los populares, Raúl de la Hoz, quien consideró que ahora toca «dejar muy claro qué se debe investigar porque no todo vale». De la Hoz sí se comprometió a cumplir el pacto con Ciudadanos por el que los populares no ocupará la presidencia de esta comisión, pero no dejó claro que Podemos sea su elegido al asegurar que su formación se va «a oponer a cualquier opción que pretenda manipular la comisión y convertirla en un circo».

«Rotundo fracaso»

La comisión fue solicitada por los grupos parlamentarios Podemos, Ciudadanos y Mixto, que quieren conocer, entre otras cosas, la posible vulneración de los derechos de los consumidores en la oferta de sus diferentes productos. En su petición, los proponentes subrayan que en octubre de 2008 se anunció que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el líder de la oposición en ese momento, Oscar López (PSOE), «se pondrían al frente de la marcha por la que habría de discurrir la fusión de las Cajas castellano y leonesas para la consecución de una sola entidad que representara el músculo financiero de Castilla y León». «El resultado de este proceso de concentración capitaneado conjuntamente entre el PP y el PSOE fue un rotundo fracaso», aseveran.

La destrucción de «innumerables» puestos de trabajo, la desaparición en la actualidad de las sedes sociales por haber sido absorbidas por otras entidades, la existencia de perjuicios especialmente negativos para los consumidores o el estado de alarma social producido hacen necesario, según los proponentes, conocer, analizar y evaluar con profundidad y rigor las causas que originaron todo este proceso desde su gestación hasta la influencia del estallido de la denominada burbuja de crédito inmobiliario, y su impacto en el sector financiero castellano y leonés, informa Ical.

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