Política
Barcones: «El PP prende incendios con lanzallamas y luego pretende apagarlos con lágrimas de cocodrilo»
La vicesecretaria general del PSCyL se refiere así al anuncio del Gobierno de avalar que los actuales secretarios vecinos sigan en sus cargos
El Ministerio de Hacienda, a través de una carta en respuesta a otra remitida por la Junta, da su visto bueno para que los secretarios vecinos que trabajan en la actualidad en centenares de entidades locales menores de la Comunidad puedan seguir realizando las funciones que tenían encomendadas hasta ahora tras el malestar causado por el Real Decreto publicado en marzo por el Ejecutivo y en el que se obligaba a sustituir esta figura por la de un funcionario nacional habilitado. Esta situación dejaba a buena parte de las juntas vecinales de León, Palencia y Burgos (donde hay 2.221 pedanías, el 64% del total de España) en una completa parálisis a la hora de realizar contratos, levantar actas o incluso recibir subvenciones’.
La solución puntual trasladada por la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado , pasa por una «interpretación» del texto realizada por su departamento en el que se considera que el nombramiento de un vecino en entidad local menor como secretario que haya tenido lugar de forma válida antes de la entrada en vigor del reglamento «puede seguir surtiendo efectos en tanto no se extinga» su relación con el ayuntamiento. Según defiende Collado, en el Real Decreto no se señala «en ningún momento» que la medida cuestionada «tenga carácter retroactivo» y concluye que «la doctrina jurisprudencial ha venido señalando la necesidad de respetar los derechos preexistentes a la nueva norma».
Esta interpretación de las disposición es para el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago , «la mejor salida de las posibles» para el problema, dado que abrir un proceso de reforma de la normativa podría llevar mucho tiempo y, además, «permite a las administraciones implicadas ir buscando soluciones a cada caso concreto».
«Aún peor»
Opinión muy diferente es la mantenida por el secretario de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, Carlos González Antón, quien calificó el anuncio de «tomadura de pelo» al considerar que la respuesta de una carta «no pueda dar ningún tipo de seguridad jurídica ni puede cambiar el tenor de un Real Decreto que aparece en el BOE». En su opinión, «la situación es aún peor que si no se hubiera dicho nada», por lo que insistió en que se lleve a cabo la «modificación» de la norma. Además, recordó que tras las elecciones municipales previstas el próximo año «habrá que volver a nombrar a los secretarios vecinos y ya no se podría hacer según la versión del propio Gobierno». Tampoco gustó el anuncio al PSOE de León, que consideran que «ni la Junta ni el Ministerio han resuelto el fondo del problema y siguen demostrando que legislan a espaldas de la gente y de los pueblos». En la misma línea, la vicesecretaria general del PSCyL, Virginia Barcones, acusó al PP de «prender incendios con lanzallamas y luego pretende apagarlos con lágrimas de cocodrilo». Mientras, el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, valoró positivamente lo que calificó de «moratoria» para los secretarios vecinos «hasta final del mandato» y aplaudió especialmente la disposición del Gobierno a alcanzar «consensos» con la Junta y también con la Diputación de Léon.
La comunicación del Ministerio se produce después de que el consejero de la Presidencia se dirigiera el pasado 25 de abril por carta a la secretaria de Estado para pedirle que se permitieran «fórmulas que garanticen el desempeño de las funciones reservadas en todas entidades locales menores, valorando, entre otras posibles, la recuperación de la figura de la persona con capacitación suficiente que tradicionalmente venía desempeñándolas».
De Santiago se felicitó por que haya sido una iniciativa el Gobierno de Castilla y León la que «haya logrado dar una salida a la situación que causaba problemas a una buena parte del medio rural».
En su respuesta, la secretaria de Estado, además de avalar que los secretarios actuales sigan en activo, dice ser «consciente» de la «problemática» que plantea el vicepresidente y considera que «es preciso analizar, en cada caso, los obstáculos que la aplicación de la normativa aprobada plantea» y posteriormente «articular soluciones alternativas, ya sean normativas u organizativas».
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