España

Varios cargos políticos, investigados por el incendio de Chiloeches

Entre otros delitos, el juez les atribuye pertenencia a grupo criminal, prevaricación o falsedad documental

El incendio de Chiloeches se inició el 26 de agosto
El incendio de Chiloeches se inició el 26 de agosto - Belén Díaz
ABC - @abc_toledo Guadalajara - Actualizado: Guardado en:

El incendio que el pasado 26 de agosto arrasó en la localidad guadalajareña de Chiloeches una nave de residuos peligrosos puede haber destapado una trama de corrupción empresarial y política a tenor del auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, que ha llamado a declarar en calidad de investigados a 19 personas físicas, entre las que se encuentra el exvicenconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de García-Page, Sergio David González Egido.

El juez también llama como investigados a 3 personas jurídicas, entre ellas responsables de las empresa KUK Medioambiente, gestora de la planta que ardió en agosto, y el Grupo Layna, propietaria de la nave. Asimismo, entre los investigados se encuentra el exalcalde de Chiloeches, César Urrea (PP), además de otros cargos de la Administración regional anterior y actual.

Las declaraciones de los investigados está previsto que se produzcan en sede judicial los días 20 de diciembre de 2016, 17 y 24 de enero de 2017, y 21 de febrero de 2017.

Entre los delitos que se atribuyen de forma indiciaria a estos investigados se encuentran delitos de prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, delitos contra el medio ambiente, incendio con concreta puesta en peligro de personas, bienes y ecosistemas, y falsedad documental.

En el auto se acuerda además la toma de declaración de 22 testigos.

El auto señala que se podría tratar de un grupo organizado cuyo fin era la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos peligrosos

Este mismo auto acuerda dirigir el procedimiento contra determinadas personas en calidad de investigados y de toma de declaración de testigos, todo ello en base al resultado de las diligencias de investigación practicadas y de los indicios existentes hasta este momento, en que todavía la instrucción no ha finalizado, «con lo que el principio de presunción de inocencia debe entenderse subsistente y salvaguardarse en todo momento», señala.

En este procedimiento se encuentran personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (Asegre).

En concreto, a los responsables de KUK Medioambiente se les investiga por unos presuntos delitos, «de forma indiciaria» contra los recursos naturales y el medioambiente (prevaricación medioambiental) y por falsedad documental, al no figurar en la documentación de la empresa entradas de residuos no peligrosos mientras «se ha podido contrastar que las entradas y salidas de residuos no peligrosos han sido muy relevantes entre 2015 y 2016».

También se le investiga por un delito de pertenencia a grupo criminal, ya que el auto señala que los hechos ocurridos en las instalaciones de KUK «podrían haberse cometido dentro de un grupo organizado cuyo fin era la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos, principalmente peligrosos».

En cuanto a responsables del Grupo Layna, se le imputan los mismos delitos que a KUK y al exalcalde de Chiloeches, César Urrea, se le investiga por un delito de prevaricación medioambiental, ya que los indicios apuntan a que el investigado tenía «perfecto conocimiento de la existencia de la instalación y de las irregularidades de la misma».

Responsabilidad del exviceconsejero

Respecto al exviceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, Sergio David González Egido, se le investiga por un presunto delito de prevaricación medioambiental y siendo viceconsejero «habría otorgado presuntamente a KUK Medioambiente, mediante una modificación no sustancial de la Autoridad Ambiental Integrada, la ampliación de códigos LER a gestionar, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción», señala el auto.

Además, «presuntamente tenía pleno conocimiento del funcionamiento de KUK, pudiendo haber participado en las gestiones para su arrendamiento por el Grupo Layna», y añade el auto, «llamando especialmente la atención que dicho arrendamiento no se ajusta a la legalidad».

El auto también llama la atención sobre el hecho de que la empresa Biosonoil, cuando era dirigida personalmente por el ex viceconsejero, realizara un proyecto para la instalación de un evaporador, «con un coste superior a los 60.000 euros, que se ejecutó cuando el investigado ya ocupaba el cargo de viceconsejero y había abandonado Biosonoil».

En el auto se acuerda además la toma de declaración de 22 testigos.

Dicho incendio comenzó el 26 de agosto y se prolongó varios días, y debido a la quema de residuos altamente peligrosos se originó una nube de humo que obligó a activar un protocolo especial así como tomar medidas extraordinarias a los bomberos que acudieron a extinguirlo.

El auto del juez señala que, según lo determinado por la Unidad Central Operativa Medio Ambiental (Ucoma), los residuos peligrosos que habrían entrado en la planta, entre enero de 2015 y marzo de 2016, fueron un total de 24.054 toneladas, más otras 7.031 toneladas entre abril y el 21 de junio de 2016, cuando el Grupo ya había abandonado las instalaciones.

Dado el volumen y complejidad del procedimiento, a instancia del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara, se ha activado el Protocolo del Consejo General del Poder Judicial de causa compleja por corrupción, para la adopción de las medidas de refuerzo pertinentes que garanticen la ágil tramitación de la causa.

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