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Page anuncia la ampliación de fondos para la agricultura ecológica

El presidente regional ha entregado los convenios con los Grupos de Desarrollo Rural para el programa Leader

El presidente regional con los representantes de los Grupos de Desarrollo Rural
El presidente regional con los representantes de los Grupos de Desarrollo Rural - JCCM
ABC Toledo - Actualizado: Guardado en:

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles que el Gobierno regional presentará a principios de noviembre en Bruselas una modificación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para la Comunidad Autónoma que amplíe los fondos destinados tanto a la agricultura ecológica como a la incorporación de los jóvenes al mundo rural.

Así lo ha anunciado el presidente del Ejecutivo autonómico tras la entrega de los convenios suscritos entre el Gobierno regional y los 29 grupos de desarrollo rural (GDR) para la puesta en marcha de proyectos en el marco del programa Leader en Castilla-La Mancha en un acto que se ha celebrado en el Centro Cívico y Cultural de Pedro Muñoz (Ciudad Real).

La reducción de fondos para la agricultura ecológica con la llegada del Gobierno de Emiliano García-Page ha sido muy criticada por el sector agrario regional, al considerar que la falta de ayudas supondrá el cierre de muchas explotaciones dedicadas a los cultivos ecológicos.

Ahora, el presidente del Ejecutivo autonómico asegura que se quiere aprovechar «hasta el último céntimo de euro» y se apostará de forma «muy potente» por estos programas que, ha recordado, ya han cosechado buenos resultados con la incorporación de más de 2.000 agricultores ecológicos y 21.000 hectáreas de cultivo respecto a 2015, así como con el alta de hasta 2.000 nuevos jóvenes, «algunos de ellos con sus parejas», al mundo rural.

También ha adelantado que es intención del Gobierno regional poder pagar la Política Agraria Común (PAC) antes de que finalice el presente mes de octubre, una «medida estratégica» para una región «con un metabolismo rural» como la nuestra, ha puntualizado.

Los convenios para el desarrollo de acciones en el marco del programa Leader que se han entregado este miércoles suponen una inversión de más de 129 millones de euros hasta 2020 en proyectos que tienen como finalidad la creación de empleo, la mejora de los servicios públicos y de la calidad de vida en el medio rural, así como el uso responsable y eficiente de los recursos naturales y la conservación, el mantenimiento y la recuperación del patrimonio cultural, histórico y arquitectónico de Castilla-La Mancha.

La medida que, por primera vez, priorizará a los municipios menores de 10.000 habitantes, se corresponde con el compromiso del Gobierno regional de dotar a los grupos de desarrollo rural de una partida específica para la puesta en marcha de proyectos encuadrados en el programa Leader y serán cofinanciados por fondos europeos, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Administración General del Estado, a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2016-2020.

García-Page también ha advertido que, en los próximos ejercicios los planes, ayudas y subvenciones irán paulatinamente provincializándose, de manera que la incorporación o no de las diputaciones, condicionará la contribución económica de los ayuntamientos, al mismo tiempo que ha reclamado rigor y transparencia en el aprovechamiento de los fondos que se destinan a desarrollo de políticas comunes a favor de los ciudadanos. «Es determinante si queremos que los planes sean útiles», ha aseverado el presidente regional.

«Garanticemos que las poblaciones grandes y pequeñas tengan las mismas condiciones de acceso a las telecomunicaciones» así como a «los derechos básicos como ciudadanos», ha defendido García-Page, en referencia a la Ley de Garantía de los Servicios Básicos que se aprobará próximamente como ejemplo de ese trabajo en común que caracteriza al Gobierno regional. Una ley que garantizará con rango de ley que dichos servicios, tanto sanitarios, como educativos y sociales, «se presten de manera ponderada y proporcionada en todos los sitios» de manera que, por ejemplo, «en cinco años, el ciudadano que no tenga acceso a las telecomunicaciones 4G nos lo pueda reclamar judicialmente».

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