La Junta reclama al Estado 353 millones de euros de la Dependencia

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de esta mañana solicitar al Senado la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas para reclamar 353 millones de euros que, según la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, debe el Estado a esta región desde el año 2012.

Unos cálculos que ha realizado la consejera teniendo en cuenta la Ley de Dependencia del año 2006 y no el Real Decreto Ley de 2012 en el que el Gobierno de España redujo las aportaciones a las comunidades para la financiación del sistema.

Según Aurelia Sánchez, en el año 2012 se produjo «un gran quebranto por parte del Gobierno de España a las personas dependientes de Castilla-La Mancha», al suprimirse una de las fuentes de financiación del sistema, el llamado «nivel acordado»; también se redujo en un 14% de los recursos que se destinaban por cada persona en función de su dependencia, el llamado «nivel mínimo»; y la supresión de las cotizaciones a las personas cuidadoras de familiares, a las que hasta entonces se les pagaba la Seguridad Social por el cuidado de sus dependientes.

Desde 2012 hasta 2016, la estimación que hace el Gobierno de Castilla-La Mancha es que los dependientes de la región han dejado de percibir 353 millones de euros, resultado de aplicar un 40% para cada Administración pública y un 20% al usuario en la financiación del sistema de dependencia.

En Castilla-La Mancha hay 62.000 personas con derechos reconocidos a una prestación del Sistema de Autonomía y 40.548 son beneficiarios de alguna prestación. El resto están pendientes de que se les apruebe una ayuda. La petición al Senado para reclamar lo que el Gobierno regional considera que le debe el de España podría estar respaldada por otras comunidades socialistas, según ha indicado la consejera.