La consejera Agustina García Élez, durante su visita al edificio desalojado
La consejera Agustina García Élez, durante su visita al edificio desalojado - JCCM

Desalojan un bloque de viviendas públicas por riesgo de hundimiento

Los vecinos de un edificio de Gicaman en Guadalajara ya habían advertido de serias deficiencias

GuadalajaraActualizado:

Las 48 viviendas de un edificio titularidad de la Empresa Gestión De Infraestructuras De Castilla La Mancha (Gicaman), ubicado en Guadalajara, fue desalojado ayer ante el riesgo de derrumbe, tras la aparición de grietas y la detección de «importantes deficiencias».

El Ayuntamiento decidió desalojar el edificio construido por la empresa pública Gicaman porque los técnicos consideraron que existía un riesgo potencial para las personas, debido a la progresión de los daños que está sufriendo el inmueble. Así lo estimaron el arquitecto municipal y los técnicos que se desplazaron hasta el edificio, situado en la calle Laguna la Colmada, según explicó el alcalde, Antonio Román (PP), en una nota de prensa.

Román indicó también que, en la tarde-noche del miércoles, el Servicio de Extinción de Incendios de Guadalajara recibió la llamada de un vecino alertando de que algunos azulejos de la pared se habían caído y de que existían grietas de importancia en el edificio.

Los bomberos acudieron al inmueble para inspeccionarlo y, tras esa primera inspección, el propio Román, el vicealcalde, Jaime Carnicero, y la concejal de Seguridad, Encarnación Jiménez, se trasladaron al edificio junto con el arquitecto municipal y al oficial jefe de bomberos.

Riesgo potencial

Tras realizar una nueva inspección, se advirtió que el edificio presentaba grietas graves que habían progresado de manera rápida en los últimos días, después de que el 31 de diciembre los vecinos dieran otro aviso.

A raíz de esta advertencia, los técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, propietaria del este inmueble de viviendas públicas de carácter social y en régimen de alquiler, estaban realizando comprobaciones.

Se observó también que se habían fisurado los testigos colocados en los últimos días, desde ese aviso anterior.

Ante estas circunstancias, Román decidió avisar al delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, Albergo Rojo, y al director provincial de la Consejería de Fomento, con el fin de que los técnicos de la Administración autonómica hicieran otra inspección del inmueble y una evaluación de los daños. Estos técnicos, junto con el arquitecto municipal, consideraron que existía un riesgo potencial para las personas, producto de la progresión de los daños que estaba sufriendo el edificio.

En su análisis, determinaron que el inmueble está sufriendo un desplazamiento, como indican cuestiones como que algunas puertas no se pueden cerrar, que existen grietas de tamaño considerable y que se han registrado ruidos que podrían provenir de la estructura del edificio.

Por ello, ante el riesgo latente y con el fin de salvaguardar la seguridad de las personas, el alcalde ordenó el desalojo del edificio, que alberga 48 viviendas, de las que 45 están ocupadas.

Asimismo, el regidor apuntó que las familias que no pudieron ser acogidas por otros familiares, un total de 14, fueron derivadas a hoteles de la ciudad.

El edificio seguía anoche precintado y desalojado, aunque esta situación podría cambiar cuando los técnicos aseguren que no existe riesgo para las personas. «Nuestra prioridad es garantizar la seguridad», señaló el alcalde.

El grupo parlamentario del PP en las Cortes regionales criticó el «caso omiso» que la Junta «ha hecho» a las denuncias por grietas y desperfectos que desde hace «más de dos años» venían realizando los 300 vecinos de las 48 viviendas. «Ustedes miraban para otro lado», dijo el parlamentario del PP Carlos Velázquez a los miembros del Ejecutivo autonómico en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha.

A la espera del informe

Velázquez recalcó que fue el alcalde de Guadalajara el que tuvo que atender en primer lugar a estas personas desalojadas, aunque la responsabilidad era «exclusivamente» del Gobierno regional».

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, explicó que el edificio tenía «algún problema de carácter estructural que, desde el primer momento, han estado analizando los técnicos».

También señaló que la consejera de Fomento, Agustina García Élez, comparecerá a petición propia en una comisión en las Cortes regional para informar sobre el desalojo del edificio.

La consejera, que se desplazó hasta Guadalajara para conocer la situación del edificio, emplazó a conocer el informe de los técnicos para conocer el alcance de las deficiencias antes de que estas personas puedan regresar a sus hogares.