España

A concurso el servicio de transporte sanitario por 258 millones de euros

Tendrá una vigencia de cuatro años y las empresas deberán disponer de todos los vehículos exigidos, 164 urgentes y 456 no urgentes

El nuevo contrato exige la disposición de 164 vehículos urgentes
El nuevo contrato exige la disposición de 164 vehículos urgentes - ABC
P.H.MEJÍA Toledo - Actualizado: Guardado en:

A 258 millones de euros asciende la inversión prevista por el Gobierno regional para hacer frente al nuevo concurso público destinado a la adjudicación del servicio de transporte sanitario terrestre durante los próximos cuatro años.

Ante la próxima finalización del contrato actual, el Gobierno de García-Page ha preparado un nuevo pliego de condiciones que, en palabras del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, incluye las peticiones de las asociaciones de pacientes, sindicatos y asociaciones de profesionales.

Todas las medidas y mejoras incluidas en el nuevo pliego de prescripciones para la adjudicación del concurso suponen un incremento presupuestario de más de un millón de euros con respecto al precio de licitación del último concurso adjudicado en 2012.

Entre las medidas incorporadas, según ha indicado el consejero, se mejora la capacidad de transporte de pacientes de la flota de vehículos de transporte sanitario no urgente puesta a disposición del contrato, incrementando el número de ambulancias de tipo colectivo en la misma proporción que se disminuyen las ambulancias de tipo convencional. De esta forma no se modifica el número de vehículos pero se incrementa el número de plazas disponibles para la realización de los servicios.

Además, dentro de los criterios de valoración del concurso, y para contribuir a reducir la presión que puedan sufrir los servicios de urgencias de los hospitales, se ha introducido la posibilidad de ofertar una disminución del tiempo máximo permitido para la recogida de las altas de estos servicios. Igualmente, para apoyar a los hospitales en la rotación de sus camas, se disminuye en 30 minutos el tiempo máximo permitido para recoger a los pacientes de alta hospitalaria que precisen ambulancia.

Otra de las novedades que se incluyen en el pliego es que al menos una ambulancia por provincia tenga capacidad de tipo bariátrico, para dar respuesta puntual a los problemas actuales que se plantean para los traslados de pacientes con obesidad mórbida.

En cuanto a los vehículos mínimos exigidos, el nuevo pliego establece que para el transporte sanitario urgente serán 164, de los que 26 serán UVI’s móviles y 69 Soportes Vitales Básicos, mientras que para el transporte no urgente se han establecido como flota orientativa un total de 456 vehículos, entre ambulancias convencionales y colectivas.

Se establece la obligación de la empresa adjudicataria de subrogar a todos los trabajadores que en el momento de hacerse cargo del servicio estuvieran trabajando en el mismo.

Se elimina la posibilidad de utilizar los dispositivos de localización, tanto en las UVI’s móviles como en todos los Soporte Vital Básico, lo que garantiza la rápida respuesta de los recursos de atención urgente «y permite crear más puestos de trabajo», ha indicado el consejero.

Por otra parte, el pliego administrativo incorpora las cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales, entre ellas la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales. Además, se preferirá a aquellas empresas que en el momento de acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al dos por ciento.

Otra de las cláusulas hace referencia a la prohibición a la empresa adjudicataria de celebrar contratos por una duración inferior a 20 horas semanales cuando se realicen nuevas contrataciones de personal que pudieran resultar necesarias durante la vigencia del contrato.

También se incluirá como causa específica de resolución del contrato el impago a cualquiera de los trabajadores adscritos a la ejecución del mismo de la totalidad de los salarios y cantidades adeudadas por la empresa contratista, cuando dicho impago sea por tiempo igual o superior a dos meses.

También se establecen una serie de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, como por ejemplo, la entrega de los Equipos de Protección Individuales que sean necesarios.

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