Castilla-La Mancha declara la guerra a la ministra Tejerina
El Gobierno de Page pedirá su destitución por su actitud ante los trasvases y su «maltrato continuado» a la región
Toledo Actualizado: GuardarLa autorización de un nuevo trasvase y la forma en la que se ha producido ha sido la gota que ha colmado el vaso y el Gobierno de Castilla-La Mancha se está planteando pedir la destitución de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.
«No podemos seguir en esta situación, no podemos encontrarnos siempre con un muro enfrente», ha afirmado la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, que ha comparecido en rueda de prensa para anunciar que se recurrirá, de nuevo, el último trasvase, y ya son 19 en lo que se lleva de legislatura.
Por ello ha pedido que al frente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente haya personas que traten con «mayor equidad, justicia, sensibilidad e inteligencia» el asunto del trasvase Tajo-Segura
y tengan mayor voluntad de diálogo.
Desde Castilla-La Mancha se entiende que el Ministerio actúa claramente en contra de los intereses de esta región y a favor del Levante, aún cuando el agua escasea en la cabecera del Tajo, mientras que los embalses del Segura tienen más agua embalsada. Y si las desaladoras funcionaran a pleno rendimiento, tendrían aún más. Según los datos aportados por la consejera, «ahora que funcionan los medidores», los pantanos del Segura tienen 352 hectómetros cúbicos y están al 31 por ciento de su capacidad, 14 puntos por encima de las reservas de pantanos de cabecera del Tajo.
Tampoco hay que olvidar la negativa a que la Comunidad castellano-manchega participe en los órganos de decisión o que, ni siquiera, se comunique al Gobierno regional que se va a autorizar un trasvase y se tenga que enterar por los medios de comunicación murcianos. «Es un maltrato continuado a Castilla-La Mancha», ha dicho De la Cruz.
El Gobierno regional seguirán recurriendo los trasvases -el plazo para conocer el pronunciamiento de los tribunales suele ser de dos años y medio-, porque considera que son ilegales y se están haciendo con las reservas de la cabecera por debajo de los 400 hectómetros cúbicos, según impuso el propio Ministerio.
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