España

Asaja denuncia fraude en el comercio de uva y exige una guía de trazabilidad

«Vemos que se está trayendo uva de otras comunidades y no se hace el seguimiento al transporte, producción, márgenes», denuncia Fresneda

José Julián Gregorio y José María Fresneda
José Julián Gregorio y José María Fresneda - Ana Pérez Herrera
ABC Toledo - Actualizado: Guardado en:

«Vemos que se está trayendo uva de otras comunidades y no se hace un seguimiento al transporte, hectáreas de producción, márgenes en tema de porcentajes. No hay un protocolo adecuado con los productos no transformados». Esta es la queja que el secretario general de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, le hizo llegar al delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, durante la reunión que mantuvieron ayer.

Un encuentro que Fresneda aprovechó para denunciar lo que él entiende un «fraude», el que se está cometiendo en el comercio de la uva, y que afectaría a más productos, como el aceite, el ajo o la almendra. Por eso, exigió a las administraciones públicas competentes una guía de trazabilidad ante la falta de normativa europea y nacional.

De este modo, el secretario regional de Asaja pidió a Gregorio que haga de interlocutor ante el Gobierno de Castilla-La Mancha para poner en marcha una norma autonómica que «no genere debate, como es en este caso». Así, pidió a todas las instituciones públicas que, «por encima de discrepancias, solucionen los problemas de la gente de la región».

«Se está introduciendo uva de manera ilegal, hablamos con la Guardia Civil, todo está muy identificado y gente que lo está haciendo, y me gustaría contarlo, pero me da apuro, y no lo puedo hacer», afirmó Fresneda, quien, aparte del problema que se da con la uva, citó también el que se da con el ajo o la aceituna, incluso con el ganado.

El secretario regional de Asaja explicó que «hace falta una guía que resuelva el tema» y, por ello, «por encima de reuniones, que están muy bien, lo importante es poner negro sobre blanco en un documento que concluya en una norma a la que acogernos todos, y esté muchísimo más coordinado, porque si no cada uno va a campar a su aire y habrá más problemas y más gordos al actuar en la impunidad».

Para el dirigente agrario, «hay partidas de uva que llegan a industrias de Castilla-La Mancha que, más que afectar mucho, poco o regular, al no existir una guía adecuada, son fraudulentas, y podría ser el pico del iceberg. Me gustaría dar nombres, por supuesto, pero no puedo», admitió.

En esa línea de trabajar en la constitución de una ley autonómica que «sea vinculante y obligatoria para todos», coincidió el delegado del Gobierno, quien señaló, a preguntas de los periodistas, que su departamento «estudia el mantener una primer reunión» con el Ejecutivo regional, que es competente en la materia, y el resto de implicados «para ver lo que se necesita».

En este contexto, José Julián Gregorio invitó a que la cita inicial para exponer las primeras propuestas sea en la Delegación del Gobierno y, a partir de ahí, trabajar en esa guía de trazabilidad que «los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sepan dónde actuar» a la hora de determinar procedencia, origen, etc., «ahora que comienza la campaña de aceituna y luego de almendra».

«Tenemos que trabajar todas las administraciones. Desde la Delegación no hay enfrentamiento porque esta normativa ha de ser autonómica y la competencia en materia de agricultura, transporte y consumo la tiene el Gobierno regional y la Delegación sólo puede aportar la experiencia de los equipos Roca», defendió.

Retirar enfrentamientos

«Pido trabajar en ello, retirar esos enfrentamientos que tenemos en otros ámbitos y trabajar por lo que importa a los castellano-manchegos que es que la economía y que el trabajo fluya en la región», insistió Gregorio.

«Si con los equipos ROCA hemos conseguido reducir los robos en el primer semestre de este año en casi un 29% con respecto al pasado, con esta propuesta de Asaja se reducirían aún más, y en otros casos de criminalidad, no sólo en el simple robo», subrayó.

Gregorio concluyó que, en esa norma, «nosotros ponemos la experiencia» para que las fuerzas armadas «puedan ejecutar de forma contundente» la defensa de un sector «del que viven miles de familias en la región, de manera primaria y también secundaria».

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