Canarias

Podemos Tenerife dimite en bloque por diferencias con la dirección regional

Hay un «largo y profundo» conflicto en el papel de los consejos ciudadanos insulares en la «compleja» realidad político-territorial de Canarias

La hasta ahora secretaria general de Podemos en Tenerife, María Coll Álvarez
La hasta ahora secretaria general de Podemos en Tenerife, María Coll Álvarez
EUROPA PRESS Santa Cruz De Tenerife - Actualizado: Guardado en: Canarias

La secretaria general de Podemos en Tenerife, María Coll Álvarez, y la mayoría de los integrantes que quedaban activos en el Consejo Ciudadano Insular (CCI) de la organización morada en la isla han presentado su dimisión por «múltiples» diferencias con la dirección autonómica de Podemos, especialmente con las secretarias general, Meri Pita, y de Organización, Conchi Moreno.

La dimisión fue presentada ayer jueves ante el secretario de Organización, Pablo Echenique. La decisión también fue comunicada al secretario general, Pablo Iglesias, y a todas las personas integrantes del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos en Canarias, según han informado en un comunicado de prensa.

En total, se trata de catorce dimisiones, incluida la de Coll, que se ven acompañadas por otros trece integrantes del órgano de dirección insular de Podemos. A esta dimisión colectiva hay que sumar otras cinco renuncias que se han producido a lo largo de los casi dos años de funcionamiento del CCI, desde que los cargos de dirección fueron elegidos en las primarias internas celebradas a principios de 2015.

De esta manera, sólo quedan activos en estos momentos cuatro integrantes de un Consejo Ciudadano que cuenta con 21 plazas, definidas en función de la cantidad de militantes inscritos en Tenerife en el momento de la elección del órgano de dirección.

Para explicar su decisión, las personas dimisionarias han elaborado una carta en la que señalan la existencia de un «largo y profundo» conflicto con Meri Pita y Conchi Moreno relativo el papel de los consejos ciudadanos insulares en la «compleja» realidad político-territorial de Canarias. Según recoge la misiva, Pita y Moreno «no han reconocido las realidades insulares; no han reconocido a los consejos insulares como órganos territoriales y autónomos; no han permitido que se produjera la necesaria coordinación entre el CCI y el CCA, ni la coordinación insular de los círculos y consejos municipales, y muchísimo menos con otras islas, para que se pudiera ir construyendo una propuesta política articulada y coherente para Canarias, contemplando sus singularidades».

Además, apuntan a la práctica de un estilo de dirección «autoritario y arbitrario» que ha convertido al Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) de Canarias en un «mero órgano» al que se informa de las resoluciones del Consejo Ciudadano Estatal y de algunas de las decisiones que se adoptan en Canarias de forma «vertical y jerárquica». Además, atribuyen a Pita y Moreno la creación de un Consejo de Coordinación, constituido por «un reducido grupo de miembros del CCA que ellas designan».

Entre otras diferencias, las personas recientemente dimitidas del CCI de Podemos en Tenerife destacan en su carta que Meri Pita y Conchi Moreno «vulneran día tras día los documentos organizativos y políticos impunemente, inutilizan los órganos estatutarios elegidos democráticamente, contratan personas sin el procedimiento adecuado para garantizar la ecuanimidad y transparencia del proceso, designan las candidaturas al Parlamento español sin acuerdo del CCA, configurando una red clientelar que trabaja para ellas y no para el partido en su conjunto».

Subrayan también algunos hechos concretos con los que discrepan, como la práctica «sistemática» de excluir en las redes sociales oficiales de Podemos Canarias de los cargos institucionales no afines a ellas, del trabajo de los Consejos Ciudadanos Insulares y «sólo se reconoce la labor municipal de sus acólitos». Se quejan también de que desde los órganos autonómicos no se les hacía entrega del dinero que les correspondía por derecho, imposibilitando ejercer sus funciones; además de no permitir la creación de las cuentas bancarias a los consejos insulares y municipales.

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