El Supremo confirma la pena de cárcel contra el alto funcionario que sisó 38.000 euros a la DPZ

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de prisión contra el que fue director de Cultura y Patrimonio de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Alfredo Romero Santamaría. Fue condenado por malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Durante años, se quedó con el dinero que obtenía la Diputación por la venta de catálogos de sus exposiciones de arte.

Romero Santamaría presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero éste ha acabado confirmando la sentencia y las penas impuestas previamente a este funcionario.

Se da la circunstancia de que Romero ya intentó sin éxito que se le redujera la condena incial que le impuso la Audiencia de Zaragoza. Recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, peroen vez de conseguir que le rebajaran la condena se la duplicaron

: el Tribunal desestimó sus alegaciones, pero aceptó las de la Fiscalía, así que en ve de un año de cárcel que le había impuesto la Audiencia, acabó condenándole a dos años de prisión.

También fue condenado -y ahora lo ratifica el Supremo- al pago de una multa de 10.000 euros, dos años de inhabilitación para empleo o cargo público, y a abonar una indemnización de 37.975 euros a la Diputación Provincial de Zaragoza, según han informado fuentes del Supremo.

Según los hechos probados, Romero Santamaría se apropió del dinero recaudado en la venta de catálogos de las exposiciones de arte realizadas en el Palacio de Sástago de Zaragoza durante años.

Romero Santamaría, que fue director del Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación zaragozana desde el 16 de julio de 2003 hasta el 23 de junio de 2011, recogía el dinero llevándoselo consigo y «lejos de ingresar el citado dinero en la Tesorería de la Diputación Provincial, lo hizo suyo pero en todas las ocasiones, detrayendo su importe de las arcas provinciales e incorporándolo a su patrimonio», indica la sentencia.

El Supremo desestima así el recurso del acusado y confirma la sentencia dictada el 18 de marzo de este año por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que elevó a 2 años de prisión, a instancias del fiscal, la condena inicial de 1 año y 3 meses que impuso un tribunal del jurado de la Audiencia de Zaragoza.