Oleada de cierres de geriátricos en Aragón por irregularidades de gestión

En julio de 2015, un incendio presuntamente provocado por una interna dejaba nueve ancianos muertos en un geriátrico privado de Zaragoza, la residencia Santa Fe. Aquella tragedia motivó un plan general de inspecciones que, hasta la fecha, en apenas de dos años, se ha saldado con 17 residencias cerradas y con otras 21 expedientadas.

Algunas de las residencias clausuradas fueron cerradas por iniciativa de sus propios propietarios, a raíz de las inspecciones y de los expedientes abiertos por irregularidades técnicas detectadas en el servicio que prestaban. En otros casos, han sido cierres forzosos decretados por la Administración fruto de esa misma campaña de inspecciones.

La lista de geriátricos cerrados puede ir a más, a tenor de los expedientes que se mantienen abiertos actualmente y que afectan a otros 21 geriátricos privados que funcionan en esta región, según los datos que ha facilitado la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés.

De esos 21 expedientes que siguen su curso, 13 son ya firmes, con resoluciones de obligado cumplimiento para los propietarios de las residencias que, si no subsanan las deficiencias detectadas, se enfrentan a sanciones que incluso pueden provocar también decretos de cierre.

Además, la Justicia mantiene abiertas investigaciones por dos presuntos casos de estafa y otros dos de lesiones por imprudencia de los que habrían sido víctimas otros tantos internos en residencias de la Comunidad autónoma. Estos cuatro casos fueron detectados por la Administración, que los puso en conocimiento de la Policía y de la Fiscalía y que motivaron la apertura de las diligencias que siguen su curso en estos momentos.