La Generalitat se enroca en el desacato para no devolver a Aragón 44 obras de arte

La Generalitat ha reiterado su desacato en las últimas horas a vueltas con unas obras de arte aragonesas que compró ilegalmente hace más de 20 años -entre 1983 y 1994- y que se niega a devolver a Aragón, pese a la orden judicial dictada hace meses que le obliga a entregarlas a su emplazamiento original, el monasterio oscense de Villanueva de Sijena.

Hace más de un año, un juzgado de Huesca sentenció que aquellas compra-ventas que hizo la Generalitat fueron nulas por manifiestos incumplimientos de legalidad. Y, en consecuencia, dejó sin validez alguna el resto de maniobras administrativas seguidas por la Administración catalana para tratar de blindarse la propiedad de dichas piezas, como la declaración que adoptó en los años 90 y con la que catalogó esas obras de arte como parte inescindible del patrimonio museístico catalán.

Sin embargo, la Generalitat sigue parapetada en su desobediencia judicial. Sostiene que las normas catalanas -y dicha catalogación unilateral que hizo en su día- están por encima de las sentencias judiciales. El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena considera que esa actititud es «una inaceptable afrenta al Estado de Derecho que debe tener respuesta inmediata por parte de éste».

Tras reiteradas peticiones de ejecución de sentencia, la juez oscense que lleva el caso dio un ultimátum a la Generalitat para que devolviera a Aragón esas 97 obras de arte. El Gobierno de Puigdemont incumplió aquella orden, porque solo la acató parcialmente y apurando al máximo los plazos: solo devolvió 53 de esas 97 piezas, las que estaban depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Sin embargo, no devolvió -y se ha acantonado en la negativa- las 44 que permanecen en el Museo de Lérida y que, a tenor de los documentos oficiales de compra-venta anulados por la Justicia y firmados hace más de 20 años, están valoradas, como mínimo, en unos 125.000 euros a precios actualizados - en su momento las tasó en 60.000 euros-.

Ahora, la Generalitat usa como parapeto a la Junta de Museos de Cataluña, órgano que depende del Ejecutivo catalán y que acaba de ratificar las disposiciones que, en 1998, declararon unilateralmente esas obras de arte como patrimonio catalán integrante de una colección museística inescindible.

El abogado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, lleva meses insistiendo en que ninguna de esas disposiciones que se adoptaron en Cataluña sobre esas piezas tiene validez alguna, toda vez que la compra-venta de las mismas ha sido anulada por la Justicia.

Por ello, insiste en que la actitud de la Generalitat y de todos aquellos que impidan la ejecución de la orden judicial incurre en el supuesto del delito de desobediencia. De ahí que, hace casi dos meses, y al no devolverse esas 44 obras de arte, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ya pidió al juzgado que enviara a la Policía Judicial y que se recabara la actuación de la Fiscalía para actuar contra las autoridades catalanas, por los delitos de desobediencia y de apropiación indebida.

También el Gobierno aragonés reclamó judicialmente el envío de la brigada de patrimonio artístico de la Policía Nacional para incautarse de esas 44 piezas retenidas en el Museo de Lérida y trasladarlas al Monasterio de Sijena.

Hasta el momento, tras casi dos meses de desobediencia a la orden judicial, no se han dictado nuevas órdenes para hacer frente a la negativa de la Generalitat.