Finaliza el juicio contra los exdirectivos de la CAI por fulminar 6,3 millones de euros de la entidad

Este miércoles quedó visto para sentencia el juicio que ha sentado en el banquillo a tres exdirectivos de la Caja Inmaculada (CAI), a los que se acusa de haberse beneficiado de manejos inmobiliarios a costa de la entidad.

Durante la vista, las acusaciones y la Fiscalía han rebajado las indemnizaciones que inicialmente reclamaban contra estos tres acusados: el que fue director general de la CAI entre 2005 y 2009, el directivo del área inmobiliaria de la entidad, Javier Alfaro, y Ramón Marrero, quien en aquellos años disfrutaba de un abultado contrato profesional como delegado de la CAI para negocios inmobiliarios en el sur de España.

En un principio se calculó en 13 millones de euros el perjuicio que habían ocasionado a la entidad por negocios inmobiliarios ruinosos que, sin embargo, según las acusaciones, les reportaron beneficios a ellos tres en mayor o menor medida.

Finalmente, sin embargo, se ha rebajado ese cálculo a 6,3 millones de euros, cifra en la que han estado de acuerdo tanto la Fiscalía como la acusación particular -ejercida por la CAI- y la acusación popular -ejercida por la Confederación Intersindical de Cajas de Ahorros-.

Esta rebaja ha sido consecuencia de un reajuste en las valoraciones, tras apreciarse un error en los cálculos que se hicieron en el informe pericial, y tras comprobarse que una de las operaciones fue preparada pero no llegó a ejecutarse.

De esta forma, tanto las acusaciones como la Fiscalía han coincidido en pedir para los tres acusados una indemnización conjunta de 6,3 millones de euros para resarcir a la CAI del daño patrimonial que le ocasionaron.

En cuanto a las penas de prisión, las acusaciones han mantenido las que habían formulado inicialmente en el proceso. Tanto la CAI como la Confederación Intersindical de Cajas de Ahorros reclaman 16 años de prisión para cada uno de los acusados, mientras que la Fiscalía pide tres años para cada uno de ellos.

La Fiscalía entiende que cometieron un delito de administración desleal. Sin embargo, la CAI sostiene que también incurrieron en otro de apropiación indebida. La Confederación Intersindical de Cajas, por su parte, entiende que además cometieron un delito de estafa.

Por su parte, las defensas de los tres exdirectivos han pedido su libre absolución.

Entre los hechos que les imputan las acusaciones y la Fiscalía figuran varios manejos inmobiliarios de los que se habrían lucrado los imputados a costa de la CAI. Así, sostienen que tanto Tomás García Montes como Javier Alfaro compraron a una de las sociedades inmobiliarias de la CAI sendas viviendas con garaje en la costa gaditana, en El Puerto de Santa María, pagando por ellas la mitad de lo que realmente valían.

Asimismo, apuntan que en el año 2007, Tomás García, Javier Alfaro y Ramón Marrero contrataron para ellos y sus familias -11 personas en total- un viaje a Egitpo que costó 195.739 euros y que cargaron íntegramente a las cuentas de varias sociedades pertenecientes a la CAI.