El alcalde bilbilitano (primero por la derecha) durante una de las visitas a la empresa ahora investigada
El alcalde bilbilitano (primero por la derecha) durante una de las visitas a la empresa ahora investigada
Economía

Una empresa subvencionada en Calatayud por crear empleo, denunciada por fraude laboral

La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación y dos trabajadores han presentado denuncia en Comisaría

Zaragoza Actualizado: Guardar
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La empresa Tecnología y Composites del Ebro, que lleva más de un año siendo subvencionada por el Ayuntamiento de Calatayud por crear empleo, ha acabado denunciada por fraude laboral. La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación y dos de los especialistas a los que contrató esa empresa han presentada una denuncia en Comisaría por hechos que podrían constituir un delito contra los derechos de los trabajadores tipificado en el Código Penal.

Esta ha sido una de las principales empresas de nueva creación que ha apoyado el Ayuntamiento bilbilitano durante los últimos años. El alcalde, José Manuel Aranda (PP), firmó varios acuerdos para beneficiar a esta firma con subvenciones municipales, y elogió a esta compañía por considerar que ha sido un revulsivo para la creación de empleo en Calatayud.

Tecnología y Composites del Ebro, dedicada a la fabricación de palas de pádel, se ha beneficiado de ayudas económicas directas al amparo del programa de incentivos «Emprender Calatayud», que patrocina el Ayuntamiento con la participación de la sociedad pública autonómica Sodiar.

Además, para apoyar a la misma empresa, firmó con ella sendos acuerdos de cesión de dos naves industriales del Ayuntamiento, que desde hace más de un año es en las que se localiza la actividad de esta empresa en el Polígono de La Charluca. Esas naves industriales han sido entregadas en alquiler en condiciones privilegiadas, a cambio de un alquiler de precio simbólico y por un período de diez años.

Situación comprometida para el Ayuntamiento

Esto podría comprometer también al Ayuntamiento de forma directa, ya que las subvenciones las ha venido concediendo -y sigue haciéndolo con esos alquileres en condiciones privilegiadas- en base a la creación de empleo. De confirmarse la investigación abierta ahora por la Inspección de Trabajo y la que se derive de las denuncias policiales -a las que ha tenido acceso ABC-, se pondría en tela de juicio qué control realizó el Ayuntamiento para cerciorarse que la empresa a la que viene beneficiando desde su instalación estaba cumpliendo con sus obligaciones legales en materia laboral.

Esto es esencial, porque, desde el primer día -hace más de un año- el gobierno municipal ha estado justificando las ayudas concedidas en base al empleo que creaba la empresa. Esos controles elementales los suelen realizar las administraciones públicas exigiendo a las empresas subvencionadas los comprobantes de alta laboral o los impresos mensuales de cotización (modelos TC) de los trabajadores.

Irregularidades previstas en el Código Penal

Ahora se está a la espera de en qué se sustancian las pesquisas abiertas a raíz de las denuncias policiales y de la intervención de la Inspección de Trabajo. La empresa se enfrenta a una investigación que, por las denuncias presentadas, incluso podría tener responsabilidades penales. Los dos especialistas que incorporó a su plantilla en Calatayud, dos argentinos cualificados en la producción de palas de pádel, denunciaron la situación laboral irregular en la que aseguran haber estado desde el primer día en esta nueva fábrica de Calatayud, desde que esta se puso en marcha en el verano de 2015.

Eso ha motivado la intervención de la Inspección de Trabajo, que está investigando las irregularidades por presunto fraude en la contratación y a la Seguridad Social. Además, los dos afectados han formalizado una denuncia ante la Comisaría bilbilitana de la Policía Nacional, dando cuenta de la continuada situación irregular en la que les mantuvo la empresa desde el primer día.

En sus denuncias detallan cómo la empresa les buscó en Argentina para que se incorporaran a la nueva fábrica de Calatayud. Llegaron a España con una carta-invitación y la promesa de incorporarse de inmediato a la plantilla. Llegaron en junio y empezaron a trabajar de inmediato en la fábrica bilbilitana, pero nunca les hicieron contrato de trabajo ni estuvieron en alta laboral, por lo que la empresa tampoco pagó por ellos las preceptivas cuotas de la Seguridad Social. La situación se prolongó hasta que salieron de la empresa, a finales del pasado septiembre, por lo que las presuntas irregularidades se habrían prolongado durante más de un año.

Además, denuncian que tampoco cobraron el sueldo pactado -las cantidades se las pagaba la empresa en mano, sin recibo reglado de nómina-. Aseguran que, solo en concepto de retribuciones pactadas, les adeudan 7.300 euros entre los dos.

La Inspección de Trabajo abrió una investigación contra la empresa hace un mes, y -además de las consecuencias que tendría un fraude a la Seguridad Social y por impago de nóminas- los responsables de la compañía también podrían llegar a sentarse en el banquillo si se determina que -tal y como apuntan los afectados- se incurrió en delitos contra los derechos de los trabajadores.

El Código Penal contempla penas de prisión y multas para quienes, mediante engaño, empleen de forma continuada a extranjeros que carezcan de permiso de trabajo, así como a los que perjudiquen sus derechos laborales que ampara la ley.

Los dos trabajadores han denunciado que, pese a que insistieron desde el primer día a la empresa para que regularizara su situación, nunca les llegó a formalizar el contrato de trabajo y, por ello, han mantenido en todo momento -más de un año- su situación irregular en España.

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