Tribunales
Cinco años de cárcel por sabotaje biológico en un hospital de Zaragoza
Una técnico de laboratorio, condenada por inocular el virus de la tuberculosis en muestras sanguíneas de pacientes sanos
La Audiencia de Zaragoza acaba de condenar a penas que suman cinco años de prisión a una técnico de labora torio, María Pilar V. V., por haber llevado a cabo un sabotaje biológico en el zaragozano Hospital Miguel Servet , uno de los dos mayores hospitales públicos de Aragón.
Los hechos se remontan al año 2016 , cuando saltaron las sospechas entre los responsables hospitalario ante el inusual aumento de los positivos en tuberculosis que se estaba produciendo. Al indagar comprobaron que se había producido un sabotaje, que alguien había contaminado muestras sanguíneas con el virus de la tuberculosis. No se contagió la enfermedad, aunque la sentencia destaca que hubo riesgo de que así fuera. Lo que el sabotaje sí provocó es que personas que estaban sanas fueran tratadas por la tuberculosis , debido a que sus muestras sanguíneas habían sido manipuladas y dieron positivo en el análisis.
En total, hubo 15 falsos positivos en la prueba de tuberculosis. Se les identificó como enfermos cuando, en realidad, no tenían el virus. Fruto de ello, cinco miembros de una misma familia -entre ellos un par de niñas de dos años de edad- fueron sometidos a tratamientos contra la tuberculosis, que les fueron retirados cuando se comprobó que se había producido un sabotaje en el laboratorio de análisis clínicos del Miguel Servet.
Ahora, la sentencia condena a la acusada -y subsidiariamente al Gobierno aragonés, a indemnizar a esas cinco personas con 11.639 euros.
El tribunal subraya en su sentencia «la extraordinaria gravedad de los hechos» y «la maldad extrema puesta de manifiesto por la acusada, que con su actuación puso en riesgo de contagio de tuberculosis a las personas que desarrollan su trabajo en la Sección de Microbacterias y quebrantó las normas más elementales de ética y deontología profesional».
La técnico de laboratorio, que tenía 37 años cuando fue detenida por estos hechos, ha sido condenada ahora a dos años de prisión por un delito de riesgo sanitario, y a otros tres años por un delito de falsedad en documento público.
Durante el juicio , el Servicio Aragonés de Salud pidió para la acusada cinco años de prisión, mientras que la Fiscalía reclamó para ella cuatro años y medio de cárcel -rebajó drásticamente su petición de condena, porque inicialmente pidió contra ella 19 años de prisión-.
