Política

El Ayuntamiento de Zaragoza dedicará dinero público a defender a «okupas»

El gobierno municipal, de la órbita de Podemos, mediará para evitar los desalojados en viviendas ocupadas ilegalmente

Pablo Híjar, concejal de Vivienda de Zaragoza y activista de Stop Desahucios
Pablo Híjar, concejal de Vivienda de Zaragoza y activista de Stop Desahucios - Fabián Simón
R. Pérez Zaragoza - Actualizado: Guardado en: Aragón

El gobierno municipal de Zaragoza, de la coalición ZEC (Podemos-IU) y encabezado por el alcalde Pedro Santisteve, va a poner en marcha un equipo de mediadores que trabajarán en favor de los «okupas», para evitar que sean desalojados de viviendas ocupadas ilegalmente.

Será un nuevo cometido de la Oficina Municipal de Vivienda, costeada con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. Así lo ha anunciado el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, en sintonía con la petición que le ha trasladado la plataforma Stop Desahucios, de la que el comunista Híjar (PCE) fue activista -fue condenado a 1.500 euros de multa por participar en un «escrache» ante el domicilio del diputado zaragozano del PP Eloy Suárez-.

Este edil considera que los «okupas» que se apropian ilegalmente de viviendas por no tener recursos económicos suficientes han de contar con asistencia pública en su favor. De ahí el nuevo programa de mediación que ha anunciado y que van a poner en práctica de inmediato a través de esos servicios públicos municipales de Vivienda. El caso más inmediato es el de un edificio, propiedad de la Sareb -procedente de los activos inmobiliarios bancarios-, que está ocupado masivamente: 10 familias que se han apropiado de otras tantas viviendas del bloque.

La Sareb denunció el caso ante la Justicia y se ha dictado la correspondiente orden de desalojo. Cuatro de esas diez familias tienen fijado el desalojo para el próximo día 23; las otras seis están en trámites judiciales con el mismo fin.

En las declaraciones que Pablo Híjar ha hecho en los útlimos días en relación con este caso, no ha dudado en ponerse del lado de estos «okupas» y de responsabilizar a la Sareb, a la que desde el Ayuntamiento quieren forzar para que renuncie a ejecutar esos desalojos, siga dejando allí a las familias que están utilizando los pisos y esté dispuesta a fijarles un alquiler social.

El gobierno municipal deSantisteve -a tenor de lo expresado por el edil Pablo Híjar- considera que está plenamente justificado, y es necesario, que el servicio de Vivienda que costea el Ayuntamiento se ponga al servicio de «okupas» con un protocolo específico en su favor, para evitar desalojos y que se queden sin vivienda. El Ayuntamiento de Zaragoza va a solicitar al Gobierno aragonés que colabore en este nuevo «protocolo de mediación».

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