Se investigó a decenas de farmacias, muchas de las cuales llegaron a ser cerradas de forma cautelar
Se investigó a decenas de farmacias, muchas de las cuales llegaron a ser cerradas de forma cautelar
Tribunales

Archivada la macrocausa por un presunto fraude nacional de medicamentos

La Audiencia Nacional exime a los más de 80 farmacéuticos y empresarios imputados en 2014 y 2015 por un juez de Teruel

Madrid Actualizado: Guardar
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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha archivado la causa que le derivó un Juzgado de Teruel sobre la comercialización irregular de medicamentos a través de la técnica conocida como distribución inversa, que implicaba a farmacias de todo el territorio nacional.

La macrocausa arrancó a raíz de las actividades presuntamente ilícitas de la farmacia de una pequeña localidad de Teruel. Después aparecieron indicios de que esta distribución inversa de fármacos se realizaba de forma masiva desde múltiples oficinas del país y a través de una red de 'bolseros'. Las pruebas también apuntaban a la intervención de almacenes distribuidores o mayoristas en Sevilla, Málaga, Granada, Barcelona o Madrid.

El Juzgado investigaba supuestos delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la hacienda pública u organización criminal.

En el auto de archivo, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 acuerda levantar las medidas cautelares adoptadas en relación a las empresas y las más de 80 personas investigadas, y deduce testimonio de las actuaciones al Juzgado Decano de las Granada para la investigación de un presunto delito contra la Hacienda Pública respecto de dos personas y cuatro empresas investigadas.

En esta causa, procedente del Juzgado de Instrucción 3 de Teruel, se investigaba a un supuesto grupo organizado en el que participaban farmacéuticos, intermediarios y empresas y cuya actividad consistía en la recepción de medicamentos oficiales en distintas farmacias que, en vez de dispensarse a los pacientes, se entregaban a intermediarios o a empresas que procedían a su venta a terceros estados, principalmente de la UE, aprovechando las diferencias de precio en determinados productos y provocando situaciones de desabastecimiento.

La resolución hace un repaso de todo lo investigado y concluye que en las conductas analizadas no se incurre en ninguno de los tipos penales analizados, estos es, delito contra la salud pública, falsedad documental, estafa, contra la hacienda pública, blanqueo o de organización criminal.

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