Defensa

Aragón pide a Cospedal que frene el cierre del último cuartel de Huesca

El Gobierno de Lambán califica de «inadmisible» el desmantelamiento del acuartelamiento Sancho Ramírez

El cuartel tiene para la capital oscense un impacto económico de entre 6 y 8 millones de euros al año
El cuartel tiene para la capital oscense un impacto económico de entre 6 y 8 millones de euros al año
R. Pérez Zaragoza - Actualizado: Guardado en: Aragón

El Gobierno aragonés sigue presionando 'in extremis' para que el Ministerio de Defensa no consume su plan de cierre del cuartel Sancho Ramírez de Huesca, el último acuartelamiento militar que le queda a la capital oscense.

Es uno de los asuntos con los que se ha encontrado sobre la mesa de su despacho ministerial la nueva titular de Defensa, María Dolores de Cospedal. Su antecesor, Pedro Morenés, activó el desmantelamiento del cuartel en 2015 y, pese a la oposición surgida en Huesca, el plan de clausura ha seguido su curso.

El pasado verano, antes de que el cuartel de Huesca haya sido desalojado, el Ministerio de Defensa ofertó públicamente en venta los 107.000 metros cuadrados de terrenos que ocupan estas instalaciones militares. El Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (Invied), organismo que depende del Ministerio, lanzó en junio la oferta de venta de este cuartel. Lo hizo en su página web en la que anuncia subastas y ventas directas de inmuebles.

Por entonces quedaban en el acuartelamiento los 250 militares destinados en él, cuyas familias llevan liderando -desde hace dos años- las reivindicaciones para evitar el cierre.

En todo este tiempo, el Ayuntamiento de Huesca se ha mostrado frontalmente en contra de la desaparición de este cuartel. Así lo hizo en 2015 la entonces alcaldesa del PP, Ana Alós, y la misma postura la ha mantenido su sucesor, el socialista Luis Felipe.

El Gobierno aragonés que preside Javier Lambán (PSOE) también lleva meses insistiendo ante el Ministerio de Defensa para que aparque su plan de cierre de estas instalaciones, que suponen para Huesca un impacto económico anual de entre 6 y 8 millones de euros.

Cuanto más tiempo pasa, más cercano está el cierre del «Sancho Ramírez». Defensa planeó desmantelarlo antes de que acabara el presente año.

Ahora ha sido el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno aragonés, el socialista Vicente Guillén, quien ha vuelto a la carga con este asunto. Lo ha hecho a través de una carta que ha dirigido a la recién nombrada ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. En su misiva, tras desearle «el mayor de los éxitos» en su nuevo puesto, reclama a Cospedal que frene el cierre del último cuartel que queda en Huesca, capital en la que llegó a haber tres cuarteles.

En esta carta, Guillén alude a las casi 300 familias que se verían «seriamente perjudicadas» si se consuma el cierre del cuartel, y también incide en el grave perjuicio económico que supondría para la capital oscense.

«Para nosotros es inadmisible», afirma el portavoz del Gobierno aragonés en la misiva que ha dirigido a la ministra Cospedal. E insiste en que «es imprescindible retomar este asunto que debe estar sometido al consenso y a la lealtad institucional».

Vicente Guillén concluye su carta reclamando «encarecidamente» a Cospedal «la paralización de los trámites iniciados, y que se vuelva al diálogo y al consenso para tomar una decisión que no debería haberse producido nunca».

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