Un decreto de vivienda dictado meses atrás por el Gobierno aragonés está recurrido ante el Tribunal Constitucional
Un decreto de vivienda dictado meses atrás por el Gobierno aragonés está recurrido ante el Tribunal Constitucional - Fabián simón
Política

Aragón impulsa una ley de cesión forzosa de pisos para alquileres sociales

El texto se aprobará en los próximos dudas pese a los informes jurídicos oficiales que dudan de que sea constitucional

Zaragoza Actualizado: Guardar
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Aragón ha impulsado una ley que obliga a bancos y grandes propietarios -que sean dueños de más de 15 viviendas- a ceder pisos a la Administración autonómica para que los destine a alquileres sociales. El proyecto de ley será aprobado en los próximos días, pese a que los propios servicios jurídicos de las Cortes de Aragón han apuntado a que el texto puede ser anticonstitucional, al chocar con el derecho de propiedad privada.

La iniciativa legislativa parte con el respaldo de los grupos de izquierdas, lo que garantiza su aprobación, ya que el PSOE, Podemos, la Chunta e IU suman mayoría en la Cámara regional -el PSOE gobierna en coalición con Chunta, con el apoyo a la investidura que en su día también Podemos e IU al socialista Javier Lambán-.

Este nuevo texto legal va precisamente en línea de los pactos de investidura trabados entre los cuatro grupos de izquierdas tras las elecciones autonómicas de 2015. Se enmarcan en el apartado de compromisos para actuar ante la «emergencia social».

El problema es que hay serias dudas de legalidad al respecto. El Gobierno aragonés ya aprobó meses atrás un decreto ley que recogía aspectos similares de cesión obligatoria de pisos. El Estado presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese contenido del decreto ley, que está pendiente de que resuelva el Tribunal Constitucional.

Ahora, los grupos de izquierdas de las Cortes de Aragón han decidido dar un paso más e impulsar estas nuevas leyes de «emergencia social» que profundizan en la cesión forzosa de viviendas, y que todo apunta a que será de nuevo recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional.

Este punto es precisamente el que ha abierto una brecha entre los grupos políticos de las Cortes de Aragón durante la preparación de esta iniciativa legislativa. El PP, el PAR y Ciudadanos consideran que no es constitucional obligar a propietarios a ceder sus pisos para las bolsas de alquiler social de la Administración autonómica, por lo que se han negado a apoyar estos artículos del proyecto de ley. En él también se establece la creación de un registro autonómico para censar todas aquellas viviendas que se encuentran desocupadas.

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