Política

Aragón desafía el derecho de propiedad y aprueba una ley de incautación de pisos

La nueva Ley de Emergencia Social ha sido aprobada con los votos del PSOE, Podemos, IU y la Chunta

La nueva ley acaba de ser aprobada en las Cortes de Aragón
La nueva ley acaba de ser aprobada en las Cortes de Aragón - Fabián Simón
Roberto Pérez Zaragoza - Actualizado: Guardado en: Aragón

Aragón ha aprobado una ley que da vía libre a la Administración autonómica a incautarse de viviendas privadas para alquilarlas a personas o familias con bajos recursos (alquileres sociales). Es una de las novedades que incorpora la nueva Ley de Emergencia social aprobada este jueves por las Cortes de Aragón con los votos del PSOE, Podemos, IU y la Chunta.

La ley puede tener un recorrido accidentado nada más nacer, porque los propios servicios jurídicos del Parlamento regional han advertido que es susceptible de que se declare inconstitucional por chocar con el derecho a la propiedad privada protegido en la Constitución.

Con la aplicación de este texto legal, aquel que se vea forzado a ceder pisos a la Administración no dejará de ser propietario del inmueble, pero sí verá truncado el dominio sobre el mismo, por lo que en la práctica se ve privado del libre ejercicio de los derechos ligados a la propiedad.

De hecho, el Estado ya recurrió un decreto dictado hace meses por el Gobierno aragonés que, al igual que la Ley, abrió la puerta a que la Administración autonómica pudiera disponer de pisos privados para alquileres sociales, aunque sus dueños no quisieran cederlos para tal fin.

Pese a que ese decreto está pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional, ahora los grupos de izquierdas en las Cortes de Aragón han ampliado el contenido de aquella norma y la elevan a rango de ley autonómica.

Este punto ha hecho que el texto no haya sido aprobado por consenso. El PP, el PAR y Ciudadanos se han opuesto, pero ha salido adelante porque el PSOE, la Chunta, Podemos e IU suman más escaños en las Cortes de Aragón. Populares, aragonesistas y Ciudadanos consideran que es inconstitucional forzar a propietarios de viviendas a cederlas a la Administración. Desde estos tres grupos políticos han criticado este apartado de la ley y lo han llegado a calificar de «temeridad» jurídica y de «demagogia».

La norma entrará en vigor de forma inmediata, en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial de Aragón. Eso sí, podría quedar en suspenso si el Estado presenta contra ella un recurso de inconstitucionalidad, como ya hizo en su momento con el decreto que abrió la vía a la cesión forzosa de viviendas privadas.

Con esta ley, la Administración autonómica pasa a arrogarse la potestad de exigir la cesión forzosa de inmuebles a entidades financiras, sociedades inmobiliarias y propietarios particulares que sean dueños de más de quince viviendas.

Asimismo, esta ley también recoge, enre otras medidas, la suspensión forzosa de los lanzamientos de ejecución hipotecaria y de desahucio por impago de alquiler en caso de familias que estén en situación de «especial vulnerabilidad» por bajos recursos económicos.

Consecuencia de los pactos PSOE-Podemos

La cesión forzosa de viviendas es consecuencia directa del pacto firmado en Aragón por el PSOE con Podemos, la Chunta e IU tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Aquel acuerdo le garantizó la investidura al socialista Javier Lambán, si bien Podemos e IU se han mantenido fuera del Gobierno regional y tampoco han querido firmar un pacto de legislatura.

Esta ley sale adelante en las Cortes de Aragón cuando el Ejecutivo de Lambán se enfrenta al reto de aprobar el presupuesto de la Comunidad autónoma para el próximo año. Podemos lleva semanas mostrándose esquiva ante las insistentes peticiones del PSOE de negociar las cuentas para garantizar su aprobación.

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