JpC y ERC ofrecen a la CUP una Constitución y «una multiconsulta»
El plan de gobierno de los independentistas catalanes mantiene una hoja de ruta rupturista
Seguir aparentando una ficción o realidad paralela a los resultados electorales del 21-D y a la acción de la Justicia. Así se podría resumir, brevemente, el contenido de la «Propuesta de acuerdo de investidura» que Junts per Catalunya (JpC) y ERC enviaron a la CUP la madrugada del miércoles al jueves para que los cuatro votos antisistema en el Parlamento de Cataluña se sumen a los 64 efectivos que tienen JpC y ERC y estos puedan formar gobierno.
La oferta será estudiada por la CUP de cara al pleno de investidura, convocado para el lunes con Jordi Sànchez como candidato, tras el fiasco de Carles Puigdemont , pero difícilmente llegará una respuesta positiva pues la CUP tiene unos tiempos de decisión (pasar por el Consejo Político, y al cierre de esta edición no estaba convocado) que no son tan dinámicos como los de JpC y ERC.
Además, los antisistema juegan con la más que probable negativa del magistrado del Tribubal Supremo Pablo Llarena a conceder un permiso a Sànchez para el pleno del lunes. Por lo tanto, en algunos ámbitos ya se estaría trabajando con la posibilidad de presentar a un tercer candidato, que sin estar confirmado, podría ser Jordi Turull, en libertad tras pagar 100.000 euros de fianza.
«Visión disruptiva»
La «Propuesta de acuerdo de investidura» se basa en varios «criterios esenciales» resumidos en dos aspectos: «una visión disruptiva del régimen autonómico» y «conformar las bases de una propuesta de Constitución de la República de Cataluña».
En esta línea, los ejes en los que JpC y ERC quieren centrar la legislatura son los de «la construcción de la República», «el apoderamiento de la gente y de las organizaciónes sociales y políticas», « la restitución de las instituciones catalanas », «construir la República en el Espacio Libre del Exilio» (Asamblea de Representantes, Consejo por la República y Presidencia del Consejo por la República) y «dinamizar» el Parlamento de Cataluña para que este se convierta en un «Ágora del debate republicano».
Para llevar a cabo estas líneas maestras de la acción de gobierno, que JpC y ERC ofrecen a la CUP, el acuerdo señala que se pondrán en marcha «tres vías de acción» distintas pero que actuarán coordinadamente: el Espacio Libre del Exilio, el Parlamento de Cataluña y la Generalitat, y «una ciudadanía comprometida con su futuro».
Alrededor del «exilio» de Puigdemont y los cuatro exconsejeros que le acompañan en Bélgica, todos fugados de la Justicia española, el próximo gobierno catalán aspira a poner en marcha la Asamblea de Representantes por la República, la Presidencia del Consejo por la República, el Consejo por la República y la Constitución.
El primer ente se reunirá, al menos, dos veces al año, estará formado por «los cargos electos de ámbito catalán» y elegirá al presidente del Consejo por la República , salvo al primero, que será Puigdemont sin pasar por una votación, y que tiene entre sus funciones internacionalizar la reivindicación secesionista y «relacionarse» con las instituciones de Cataluña. El Consejo servirá para «asesorar» al presidente, que será el que designe a sus miembros.
El documento señala que, pese a que el acuerdo es para la investidura de la Generalitat, estas «instituciones republicanas en el exilio» se crearán como «entidades de derecho privado» y «no recibirán fondos públicos».
Control total y Constitución
El programa de gobierno que afecta al Parlamento de Cataluña se centra en cinco ejes para desarrollar aspectos que condicionarán a la Generalitat, entre los que figuran concesiones a la CUP, en la línea de lo que los antisistema demandaron el pasado sábado, tras rechazar el primer preacuerdo.
Así, se avanza que no se renovarán los conciertos a los colegios e institutos que separan por sexos, se incidirá en los procesos de expropiación de las viviendas de titularidad de los bancos, se avanzará para crear una banca pública, se establecerá un «salario catalán de referencia» de 1.100 euros brutos mensuales, se volverá a activar el Diplocat, se «recuperará el patrimonio militar», se desarrollará la Agencia Catalana de Protección Social (la Seguridad Social tumbada por el Tribunal Constitucional ), se garantizará «la dotación presupuestaria» de TV3 y Catalunya Ràdio, y se controlará al resto de «medios de comunicación de iniciativa privada y social» (bajo el eufemismo de «fomentar la vertebración» de estos).
Finalmente, la CUP tendrá que valorar si todo lo anterior se cierra con un «proceso constituyente» que dé lugar a una Constitución, pasando antes por una «multi-consulta» que decidirá sobre los debates que se den en el Fórum Social Constituyente. Conocedores, JpC y ERC, de que la ciudadanía no está mayoritariamente por estas vías, en el texto se indica que los debates constituyentes deben «incentivar la participación (...) de las personas no soberanistas y de aquellas menos politizadas para garantizar una representación real de la sociedad».
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