Vigilancia policial para Forcadell y la Mesa ante el riesgo de fuga

El TS retrasa al día 9 la declaración de los diputados para que preparen su defensa

Forcadell, a su salida este jueves del Tribunal Supremo JOSÉ RAMÓN LADRA
Luis P. Arechederra

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La ya expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell , y los cinco miembros de la Mesa imputados por rebelión o sedición y malversación de fondos públicos estarán sometidos a vigilancia policial hasta el próximo 9 de noviembre, cuando volverán al Tribunal Supremo para declarar por su crucial participación en la hoja de ruta secesionista que culminó el pasado 27 de octubre con la declaración unilateral de independencia.

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El juez, que instruye la causa en el Alto Tribunal por razón de su aforamiento , accedió ayer a aplazar su comparecencia al alegar los abogados que no habían tenido tiempo suficiente para preparar la defensa de sus respectivos clientes, pues recibieron la citación cuarenta y ocho horas antes de tener que desplazarse a Madrid.

De esta forma, el paso de los aforados por el Tribunal Supremo apenas duró dos horas y, aunque todos abandonaron el edificio de forma triunfalista, lo cierto es que lo hacían con una orden de vigilancia policial bajo el brazo. La solicitó la Fiscalía ante el riesgo de que algunos aforados sigan los pasos de Puigdemont y, ante la gravedad de los delitos que se les imputan, decidan abandonar España. Una tentación que no hay que infravalorar después de trascender, horas después, la prisión incondicional del exvicepresidente y exconsejeros del Govern que comparecieron a lo largo de la mañana de ayer. Para posibilitar ese control policial, los investigados han tenido que dar una dirección y un número de teléfono que permita a la Policía tenerles permanentemente localizados.

La medida no sentó bien a los abogados, que aseguraron a la prensa que si sus clientes hubieran querido irse no habrían acudido al Supremo. De hecho, Javier Melero, letrado de Lluis Corominas, Lluis Guinó y Ramona Barrufet, no ocultó su malestar por la huida de Puigdemont en el edificio de al lado (Audiencia Nacional), donde estaba convocado el gobierno autonómico en pleno también por rebelión. A juicio de Melero, la incomparecencia del expresident perjudicaba a todos: «A otros no sé; a los míos desde luego», confesó.

De hecho, el instructor de la causa, Pablo Llarena dejó claro a los abogados de los diputados que si les había citado con tanta «premura» era por las circunstancias personales «de otros investigados» . Y es que al día siguiente de que la Fiscalía presentara su querella contra los veinte cargos del Govern y Parlamento catalán, el autoproclamado presidente de la república catalana ya se había refugiado en el país de la Monarquía belga.

Forcadell, en coche

Minutos antes de su comparecencia ante el juez, los miembros de la Mesa del Parlament llegaban al edificio del Tribunal Supremo a pie: Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet -todos ellos de Junt pel Si- y Joan Josep Nuet, de Catalunya Si Que Es Pot, la marca de Podemos en esa comunidad.

Nuet es el único de los investigados que no es miembro de la Diputación Permanente y, por lo tanto, no es aforado. Sin embargo, por el principio de conexidad (su conducta no puede aislarse de la de sus compañeros), se ha visto arrastrado por estos.

Siete minutos antes de la hora fijada llegaba Forcadell en coche hasta la puerta del tribunal, donde fue recibida con aplausos por medio centenar de politícos del entorno independentista. Junto a parlamentarios del PDECatt, también se acercaron al Supremo diputados del Congreso, como Gabriel Rufián y Joan Tardá (ERC), Alberto Garzón (IU) o el dirigente de Podemos Pablo Echenique, entre otros.

En la comparecencia de los aforados ante el juez estuvieron presentes por parte del Ministerio Público los fiscales de Sala (cúpula de la carrera fiscal) Fidel Cadenas y Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado hasta noviembre de 2016, cuando la sustituyó José Manuel Maza. Uno y otro se van a ocupar del procedimiento abierto en el Supremo contra quienes permitieron la tramitación de todas las leyes con las que se vistió el proceso de ruptura que culminó con la declaración de independencia.

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